Grados de discapacidad

Los grados de discapacidad o diversidad funcional son las distintas posibilidades dentro de una escala, del nivel de dificultad de una persona para valerse por sí misma y para su integración social.

Grados de discapacidad

Los grados de discapacidad son las distintas posibilidades dentro de una escala, del nivel de dificultad de una persona para valerse por sí misma.

Los derechos de las personas con discapacidad están establecidos en la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal.

La discapacidad se valora en grados y porcentajes, y da lugar al acceso a distintas prestaciones o ayudas.

Valoración de los grados de discapacidad

El grado de discapacidad se calcula en función de diferentes aspectos que a continuación se van a enumerar. Pero para dar derecho al cobro de una pensión o ayuda económica, debe ser certificado por organismos de la Administración Pública.

Por todo ello, la declaración de los grados de discapacidad es una definición técnica utilizada por la Administración para valorar la posibilidad de la persona de desempeñar las AVD (actividades de la vida diaria). Y de esa forma establecer la necesidad de subvenciones, ayudas, pensión o asistencia.

Las AVD se dividen en 5 categorías que incluyen una serie de actividades como trasladarse, movilizarse, tener vida sexual, comer, utilizar medios de transporte, aseo personal entre otras:

  1. Autocuidado.
  2. Comunicación.
  3. Actividades físicas.
  4. Actividades funcionales.
  5. Control del sueño.

El Real Decreto 174/2011 establece un baremo de valoración de las situaciones de dependencia, modificando el Real Decreto 1971/1999 que establece los grados y porcentajes de discapacidad.

Grados de discapacidad

  • Grado 1. Discapacidad nula. La persona puede tener síntomas, signos o secuelas de un accidente o enfermedad, pero no hay dificultad alguna para las AVD.
  • Grado 2. Discapacidad leve. Aparecen algunas dificultades para las AVD, pero todas se pueden realizar. Se mantienen los signos, síntomas o secuelas.
  • Grado 3. Discapacidad moderada, acompañada de signos, síntomas o secuelas del accidente o enfermedad. Disminución importante de la capacidad para realizar las AVD, sin embargo, puede realizar las tareas de autocuidado.
  • Grado 4. Discapacidad grave. Afecta las AVD incluso las de autocuidado.
  • Grado 5. Discapacidad muy grave o permanente. Imposibilidad de realizar las AVD.

Porcentajes de discapacidad

Además de los grados, se establece un porcentaje de discapacidad que clasifica la diversidad funcional en 5 clases:

  • Clase 1. Discapacidad 0%. Existe incapacidad, pero no impide realizar las AVD.
  • Clase 2. Discapacidad del 1 al 24%. Coindice con la discapacidad leve.
  • Clase 3. Discapacidad del 25 al 49%. Coincide con la discapacidad moderada. Según la Ley 51/2003, se considera minusválida una persona que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Sin embargo, no representa ninguna prestación económica.
  • Clase 4. Discapacidad del 50 al 70%. Coincide con el grado 4 de discapacidad grave. Si la valoración no alcanza el 65% de incapacidad la persona puede gozar de algunos beneficios fiscales y económicos, pero no de prestaciones económicas. Si supera ese porcentaje puede tener acceso a una pensión no contributiva.
  • Clase 5. Discapacidad igual o mayor al 75%. Es considerada una discapacidad muy grave. Eleva el monto de la pensión contributiva.

Con todo ello, podemos establecer la relación entre grado, clase y porcentaje de discapacidad. En la práctica, cuando coexisten discapacidades de diferentes clases, puede darse que el grado de discapacidad de la combinación sea mayor que el de cada patología individualmente.

Características de la determinación del grado de discapacidad

Todas las personas que tengan alguna limitación en los aspectos ya mencionados para el desarrollo de sus actividades en la vida diaria pueden gestionar un Certificado de Discapacidad.

Este documento permite el acceso a determinados beneficios económicos y sociales que varían en función del grado de discapacidad y en algunos casos la legislación propia de cada Comunidad Autónoma.

Sin embargo, desde 2012 existe el Baremo Único de Discapacidad, que pretende que todas las Comunidades Autónomas cuenten con un sistema estandarizado para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Este baremo está expresado en el Real Decreto 174/2011 que modifica al 1971/1999.

El certificado se gestiona en el área de Servicios Sociales del ayuntamiento de residencia. Después de las gestiones se obtiene un Certificado de Discapacidad expedido por la Administración Pública, a partir de los informes aportados por el solicitante y una entrevista con el Equipo de Valoración y Orientación (EVO).

Proteger la privacidad

Los integrantes del EVO dictaminan en conjunto el grado de discapacidad. Según el RD 174/2011, este certificado no debe hacer mención al tipo de discapacidad, sino que solamente se debe determinar el grado.

De esta forma, se preserva la privacidad de la información personal relacionada con la salud y rehabilitación y se cumple con el derecho a la protección.

Por otra parte, la información sobre el grado de discapacidad solamente es proporcionada al solicitante o, en su caso, a su tutor o representante legal.

Revisión del grado de discapacidad

La resolución que establece el grado de discapacidad establece un plazo para la revisión del mismo. La revisión tiene como objetivo confirmar o modificar el grado de discapacidad, y por lo tanto las prestaciones relacionadas. También puede dar lugar a su extinción.

La resolución debe fijar el plazo de revisión si se prevé que las circunstancias que originaron la discapacidad pueden agravarse o, por el contrario, producirse una mejoría razonable.

La persona con discapacidad también puede solicitar la revisión por mejoría o agravamiento, siempre que hayan transcurrido al menos 2 años desde que se dictó la resolución. Excepto que se acredite un error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en la situación que dio origen a tal determinación.

La solicitud de revisión puede originarse por:

  1. Disconformidad o desacuerdo con el grado asignado o con el porcentaje. En el caso de disconformidad con el porcentaje, se debe realizar un procedimiento de reclamación previa en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución.
  2. Mejoría o agravamiento.
  3. Error de diagnóstico o cambios sustanciales: no será necesario agotar el plazo mínimo de 2 años.

El caso de la incapacidad permanente

Un caso especial es el de revisión del grado de incapacidad permanente. Las personas con este grado de incapacidad gozan de la pensión correspondiente.

La resolución inicial debe establecer el plazo de revisión, excepto que el pensionista haya alcanzado la edad de jubilación. Se puede revisar, aunque se haya alcanzado dicha edad, si la incapacidad deriva de una enfermedad profesional.

Cuando la resolución inicial fija un plazo de revisión de hasta 2 años, el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo hasta 2 años a partir de la fecha de la resolución.

Puede solicitarse la revisión por los siguientes motivos:

  • Agravamiento o mejoría del grado de incapacidad.
  • Error de diagnóstico. Se puede solicitar en cualquier momento mientras no se alcance la edad de jubilación.
  • Actividad laboral por cuenta propia o ajena del pensionista. En este caso, la revisión del grado de discapacidad puede ser promovido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social antes del plazo establecido.

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