Fumus boni iuris

El fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, es una figura jurídica que se refiere a la apariencia o probabilidad de que una acción legal tenga un fundamento jurídico válido. Se trata de la existencia de una apariencia de que una reclamación concreta es legítima y se basa en una ley o norma legal.

En el derecho español, el fumus boni iuris es un requisito clave para muchos procedimientos legales. Por ejemplo, en la determinación de medidas cautelares, el juez debe ordenar una medida solo si el solicitante puede demostrar que existe la probabilidad de que su reclamación sea válida.

¿En qué normas legales se reconoce el fumus boni iuris?

La figura del fumus boni iuris se presenta en varias normas legales españolas. Algunas de ellas son:

• La Ley de Enjuiciamiento Civil. En esta ley se establece que, para que se adopten medidas cautelares, se requiere que el solicitante acredite la existencia de un fumus boni iuris que justifique la adopción de la medida.
• La Ley de Propiedad Intelectual. Dispone que los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar medidas cautelares para proteger sus derechos siempre que exista un fumus boni iuris.
• Ley de Marcas. Esta ley establece que los titulares de marcas registradas pueden solicitar medidas cautelares para proteger sus derechos si existe fumus boni iuris que justifique la solicitud.
• Ley de Patentes. También los titulares de patentes pueden prevenir la infracción en caso de fumus boni iuris, solicitando medidas cautelares.

Restricciones en la aplicación del fumus boni iuris en la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha admitido el criterio del fumus boni iuris en múltiples resoluciones.  En el estado actual de la jurisprudencia prevalece la doctrina que tiende a acentuar sus límites y aconseja prudencia y restricción en su aplicación.

Algunos ejemplos son:

• El Auto del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2021 establece que la doctrina sobre el fumus boni iuris requiere de una aplicación prudente. El Tribunal reconoce el riesgo de que se traspasen los límites y se prejuzgue la decisión del pleito cuando se deciden las medidas cautelares. Es un riesgo que implicaría el desconocimiento del debido proceso.
• La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2017, expresa que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa limita la aplicación del fumus boni iuris a supuestos muy concretos. Ejemplos de ellos son actos en los que exista un criterio de nulidad. Los actos nulos son los que lesionan los derechos y libertades consagrados en la Constitución y todos los contrarios a las normas legales vigentes.
• El Auto del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2021 reconoce que el criterio de aplicación del fumus boni iuris no debería aplicarse cuando un proceso se encuentra en sus inicios, excepto que los hechos sean absolutamente claros.  Es el caso de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales o cuando se recurran actuaciones idénticas a otras ya declaradas contrarias a Derecho.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias de 1990 y 1991, reconoce la competencia del juez nacional para disponer medida cautelar de suspensión de ejecución de una ley de un país cuando existen fundadas dudas de contradicción con el derecho europeo. Es otra posible aplicación del fumus boni iuris.

Criterios que se desprenden de la jurisprudencia

En estas disposiciones jurisprudenciales, hay coincidencia en cuanto a que el fumus boni iuris debe aplicarse siempre que exista un riesgo que exija una actuación inmediata, un periculum in mora.

De acuerdo con estas manifestaciones de la jurisprudencia, el fumus boni iuris debería aplicarse cuando se combinen estas condiciones:

1. En actos dictados en cumplimiento de una disposición declarada nula.
2. En actos anulados en una instancia anterior, aunque no sea sentencia firme.
3. En casos en que las infracciones al ordenamiento jurídico sean manifiestas.
4. En casos en que el acto impugnado está en contradicción con el derecho europeo. En esta situación se aplica el principio de primacía del derecho europeo sobre el derecho interno.

Los juristas presentan diferentes opiniones acerca de los criterios para el fumus boni iuris. En definitiva, la ley deposita en el juez la confianza en su criterio para apreciar si existe apariencia de buen derecho, ante ilegalidades que justifiquen las medidas cautelares.

¿Cómo actúa un juez que valora el fumus boni iuris en un caso?

Cuando un juez tiene que aplicar el fumus boni iuris en un caso, evalúa la existencia de apariencia de buen derecho. Esto implica observar que existe la posibilidad de que la reclamación o acción de demanda presentada tenga un fundamento jurídico válido.

Para ello, el juez analizará los argumentos y las pruebas presentadas por las partes en litigio. El fumus boni iuris es el primer requisito que debe verificar ante la obligación de dictar una medida cautelar.

No se trata de una valoración definitiva sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre lo que se reclama. Se limita a analizar si existe una apariencia de derecho, de certidumbre de que exista un fundamento.

¿Qué valora el juez?

• Análisis de los hechos. En primer lugar, el juez analizará los hechos que se acreditan en el procedimiento para determinar si existen indicios o pruebas que permitan presumir la existencia de un derecho.
• Verificación de los requisitos legales. El juez o magistrado valorará si se cumplen los requisitos legales y si existen las pruebas que la ley exige.
• Evaluación de las argumentaciones. Su señoría analizará los argumentos y fundamentos jurídicos presentados por las dos partes para determinar si existe al fumus boni iuris que justifique la adopción de una medida cautelar.
• De estas valoraciones dependerá la decisión del juez con respecto a las medidas solicitadas. En realidad, se trata de una valoración subjetiva y discrecional que el juez realiza a partir de la apariencia de los hechos.

Conclusión

El fumus boni iuris es una herramienta fundamental para que una persona pueda defender sus derechos. La intervención de un abogado es fundamental para solicitarla y para presentar las argumentaciones y pruebas a partir de las cuales el juez pueda reconocer apariencia de buen derecho.