Exequatur

Jurídicamente revisado por: Delia Rodriguez Asenjo
El exequatur es un procedimiento judicial especial a través del cual los tribunales españoles reconocen y homologan resoluciones judiciales dictadas en el extranjero para que tengan plena vigencia en España. Además del reconocimiento también puede autorizarse su ejecución en España.
Ideas clave
  • Tras el reconocimiento de la resolución judicial esta podrá ser ejecutada como si se tratara de una decisión judicial española.
  • El procedimiento de exequatur varía significativamente en función de si la resolución a homologar procede de un país comunitario, un país con acuerdo bilateral o un país sin acuerdos específicos.
  • El exequatur en ningún caso se pronuncia sobre el fondo de la resolución a reconocer, simplemente homologa dicha resolución para que sea vigente en España.
  • Además de a resoluciones judiciales firmes o definitivas, también se puede solicitar el exequatur para reconocer laudos arbitrales, documentos extranjeros y, excepcionalmente, medidas cautelares.

¿Qué es un exequatur?

El exequatur o exequátur es el procedimiento del derecho internacional, por el cual los tribunales españoles se encargan del reconocimiento y homologación de una sentencia o laudo extranjero a fin de que tenga plena eficacia en España.

Para que pueda producirse este reconocimiento, se deben cumplir ciertos requisitos. Está regulado por varias leyes y se aplica a distintos tipos de medidas o resoluciones judiciales extranjeras.

Una vez homologada una resolución, podrá ejecutarse como si se tratara de una decisión judicial española. En la práctica, la figura del exequatur también se utiliza para denegar dicha posibilidad en casos preestablecidos.

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Marco legal del exequatur

Esta figura se encuentra regulada por varias leyes:

  • Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, sobre extensión y límites de la jurisdicción.
  • Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, que determina el procedimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, más precisamente el procedimiento del exequátur.
  • La Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
  • Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, sobre fuerza ejecutiva en España de los títulos ejecutivos extranjeros.

Ámbito de aplicación del exequatur

Por norma general, los documentos que pueden ser sometidos al exequatur son:

  • Sentencias extranjeras firmes, procedentes de un órgano jurisdiccional del orden contencioso, incluso las que deriven de acciones colectivas.
  • Sentencias extranjeras definitivas adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
  • Medidas extranjeras cautelares y provisionales únicamente cuando la denegación del reconocimiento implique una vulneración de tutela judicial efectiva y siempre que se hubieran acordado en audiencia con la parte contraria.
  • Documentos públicos extranjeros.
  • Laudos o resoluciones arbitrales.

Además, los procedimientos son diferentes según el estado del que provenga la resolución.

  • Resolución inmediata, sin necesidad de exequatur: provenientes de estados miembro de la Unión Europea: según el Convenio de Bruselas, y de estados miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), es decir Islandia, Noruega y Suiza.
  • Sujetos a procedimientos específicos: estados que hayan suscrito un tratado bilateral con España.
  • Exequatur obligatorio: para las resoluciones que provengan de países diferentes a los mencionados.

Requisitos del exequatur

Para poder aplicar el exequatur la sentencia extranjera debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Encontrarse dentro de las categorías y provenir de los Estados según lo detallado en el apartado anterior.
  2. Ser verificada su regularidad y autenticidad, de acuerdo a los requisitos del país de origen y los que las leyes españolas requieran.
  3. Haber sido dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal.
  4. Determinar una obligación lícita en España.

Características del exequatur

El exequatur tiene como finalidad homologar una resolución extranjera para que, una vez concedido, tenga la misma fuerza que una resolución judicial española. 

El procedimiento está regulado en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil 29/2015, teniendo en cuenta las siguientes características:

  • Competencia: son competentes los tribunales en primera instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución. Si se trata de resoluciones en materia mercantil son competentes los juzgados de lo mercantil y no los de primera instancia. En caso de sentencias relacionadas con procesos concursales en España, será competente el juez del concurso.
  • Concesión: el exequatur puede ser denegado o concedido, sobre todos o parte de los pronunciamientos de la resolución. No puede ser denegado por el hecho de que se haya aplicado un ordenamiento jurídico diferente del derecho internacional privado español.
  • Objeto: el exequatur no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión.
  • Solicitud de ejecución: debe diferenciarse la concesión del exequatur de su ejecución. Aunque ambas solicitudes pueden realizarse de manera conjunta, no se puede proceder a la ejecución hasta que no se conceda el exequátur.
  • Documentos: los documentos que acompañen la demanda deben ser:
    • Originales o copias auténticas.
    • Legalizados o apostillados.
    • Si están en una lengua extranjera deben contar con la correspondiente traducción oficializada.
    • Deben acreditar la firmeza de la resolución y su fuerza ejecutiva en el Estado de origen.
    • Si la resolución se dictó en rebeldía, debe acreditarse mediante la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o documento equivalente.

Procedimiento de exequatur en España

El procedimiento es el siguiente:

1. Demanda de exequatur

El procedimiento se inicia mediante una demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo, es decir, contra la parte frente a la que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera.

En este sentido, es importante destacar que pueden solicitarlo los españoles y también los extranjeros residentes legalmente en España que quieran que una sentencia que les compete, dictada en el extranjero, tenga efectos en España.

2. Representación

Las partes deben estar representadas por un procurador y contar con asistencia letrada.

Según el caso, puede corresponder asistencia jurídica gratuita. La solicitud debe estar acompañada de la documentación correspondiente.

3. Audiencia

Una vez recibida la demanda en el juzgado de primera instancia, el juez debe recibir en audiencia a la parte demandada y el Ministerio Fiscal.

La parte demandada tiene un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación para comparecer.

4. Examen y admisión

El letrado de la Administración de Justicia examina la demanda y documentos presentados, y si satisfacen los requisitos dictará el decreto de admisión dando traslado a la parte demandada.

Si existen posibles causas de inadmisión, dará cuenta al órgano jurisdiccional para que resuelva, en el plazo de 10 días, sobre la misma.

En el caso de falta de documentación o fallas posibles de subsanar, el demandante tiene un plazo de 5 días para realizarlo.

5. Oposición

La parte demandada tiene un plazo de 30 días para oponerse al exequatur.

6. Auto de resolución

Cumplido el plazo anterior, el órgano jurisdiccional tiene un plazo de 10 días para resolver mediante auto.

Motivos de denegatoria del exequatur

Están detallados en el artículo 46 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que dispone que no se reconocerán sentencias judiciales extranjeras firmes cuando:

  • Son contrarias al orden público.
  • Se hayan dictado en infracción al derecho de defensa de cualquiera de las partes, o en rebeldía.
  • Traten sobre materias que sean de exclusiva competencia de órganos jurisdiccionales españoles.
  • Sean inconciliables con resoluciones dictadas en España o con otra dictada con anterioridad en otro Estado cuando reúna las condiciones para ser reconocida en España.
  • Exista un litigio pendiente anterior en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.

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Categorías: Derecho Civil

Revisado por expertos
Delia Rodríguez Asenjo
Delia Rodriguez Asenjo
Abogada especialista en Derecho Civil y Procesal
13 años colegiada
Colegio de Abogados de Madrid (nº 84.377)

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