Embargo

El embargo es un medio de ejecución forzada por el que un acreedor pone en manos de la justicia los bienes de su deudor, con el objetivo de que los venda en subasta pública para obtener dinero y saldar la deuda.

Embargo

El embargo es un medio de ejecución forzada por el que un acreedor pone en manos de la justicia los bienes de su deudor, con el objetivo de saldar la deuda

¿En qué consiste un embargo?

El Diccionario del Español Jurídico define el concepto de embargo con varias acepciones, atendiendo a las diferentes ramas jurídicas desde las que se puede explicar este término:

  • Traba de bienes para afectarlos a la ejecución de una resolución administrativa o judicial.
  • Procedimiento administrativo o judicial que tiene por objeto la traba de los bienes del deudor.
  • Diligencia judicial por la que se acuerda la retención de determinados bienes, efectos o valores para cubrir las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en el proceso penal. Se acordará ante la imposibilidad de prestar fianza.
  • Medida que consiste en la interrupción de las exportaciones y/o las importaciones con relación a un determinado Estado y que suele adoptarse como respuesta a un previo hecho ilícito internacional, ya sea como contramedida adoptada por un Estado o un grupo de Estados, ya sea como sanción internacional decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Dónde se regula el embargo?

El embargo se regula en los siguientes documentos:

¿Qué objetos pueden ser embargados?

A tenor del artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el imputado quien señalará los bienes objeto de embargo. Si éste no quisiera indicarlos o no se encontraran, será el Letrado de la Administración de Justicia quien decida qué embargar.

Las indicaciones legales del orden de preferencia de los objetos a embargar, que seguirá el Letrado, son las que se enumeran en el segundo apartado del precepto 592:

1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

3.º Joyas y objetos de arte.

4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.

5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.

6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

7.º Bienes inmuebles.

8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

Artículo 592.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

¿Cómo podría evitarse un embargo?

Aquella persona cuyo patrimonio fuera a ser embargado, podría librarse de tal si consignara el montante que exigiera la ley. Así se afirma en el artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Despachada la ejecución, se procederá al embargo de bienes conforme a lo dispuesto en la presente Ley, a no ser que el ejecutado consignare la cantidad por la que ésta se hubiere despachado, en cuyo caso se suspenderá el embargo.

El ejecutado que no hubiere hecho la consignación antes del embargo podrá efectuarla en cualquier momento posterior, antes de que se resuelva la oposición a la ejecución. En este caso, una vez realizada la consignación, se alzarán lo embargos que se hubiesen trabado.

Artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

¿En qué consiste el deber de colaboración para un embargo?

Básicamente lo que significa este deber de colaboración es que, todas las personas físicas y jurídicas que tuvieran relación con el ejecutado, han de entregar al Letrado de la Administración de Justicia o al procurador del ejecutante, tantos documentos y datos que tuvieran en su poder acerca del sujeto que va a ser embargado. De lo contrario, estas personas serán multadas de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo ello se apoya sobre el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución o al procurador del ejecutante, cuando así lo solicite su representado y a su costa, cuantos documentos y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya sido acordada por el Letrado de la Administración de Justicia, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes. Cuando dichas personas o entidades alegaran razones legales o de respeto a los derechos fundamentales para no realizar la entrega dejando sin atender la colaboración que les hubiera sido requerida, el Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Tribunal para que éste acuerde lo procedente.

2. El Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acordar la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración que el Tribunal les haya requerido con arreglo al apartado anterior. En la aplicación de estos apremios, el Tribunal tendrá en cuenta los criterios previstos en el apartado 3 del artículo 589.

3. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

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