La declaración de insolvencia o Ley de Insolvencia se define como un mecanismo económico que tiene como principal objetivo el dar a conocer que una persona natural o jurídica es incapaz de solventar sus obligaciones financieras. Esto se debe a la falta de capital, razón por la que la mayoría de personas utilizan dicha estrategia para disminuir la presión económica durante crisis financieras personales o al estar cerca de la bancarrota.
La insolvencia forma parte de los derechos fundamentales descritos en el Código Procesal Civil de Ecuador y está regulada por el mismo código.
La insolvencia es la situación jurídica en la que un individuo, institución o empresa, declara que no puede hacerse cargo de los pagos que debe efectuar.
¿En qué consiste la Ley de Insolvencia?
La Ley de Insolvencia se define como una situación jurídica en la que un individuo, institución o empresa, declara que no puede hacerse cargo de los pagos que debe efectuar, conocidos como pasivos exigibles.
Esto ocurre cuando el deudor es incapaz de llegar al monto mínimo para pagar sus obligaciones por falta de capital. A este tipo de personas también se les conoce como fallidas y, al ser declarada su insolvencia, empieza el proceso judicial o procedimiento concursal. Durante dicho trámite, el cuerpo encargado analiza si el deudor puede pagar una parte de sus obligaciones con el patrimonio que posee.
Otro de los puntos que posee declaración de insolvencia es que, al ser oficial el trámite, todas las deudas de la persona son borradas. Sin embargo, los reportes de crédito que posee dicho individuo se manchan permanentemente, lo cual afecta de forma directa su capacidad para poder adquirir créditos en cualquier banco. El reporte prevalece por al menos 10 años y frena la posibilidad de adquirir un préstamo en cualquier entidad financiera.
Características de la Ley de Insolvencia
Aunque la declaración de insolvencia exime de ciertos gastos al deudor, aún habrá ciertos pagos diarios que la persona deberá solventar en la medida de lo posible. Estos pagos pueden ser exigidos por instituciones privadas u organismos como universidades, servicios de telefonía, cable, etc.
Entre otras características, podemos mencionar las siguientes:
- La declaración permanecerá en los archivos públicos por veinte años. El impacto de dicho efecto suele ser bastante negativo, ya que tiende a dificultar la capacidad del fallido para obtener un trabajo o realizar proyectos financieros a largo plazo.
- Produce estigmatización hacia la persona, la cual va ligada directamente con la irresponsabilidad.
- Libera de ciertas responsabilidades económicas, pero no se extiende hacia las deudas que se mantengan con personas naturales o jurídicas bajo acuerdos o contratos preestablecidos en donde no se contemple la ley de insolvencia como forma de evadir las obligaciones.
Beneficios de aplicar a la Ley de Insolvencia
A pesar de que existan factores negativos que acompañan a esta declaración jurídica, se pueden apreciar ciertos elementos que son ventajosos a largo plazo para un deudor. Entre algunos de los beneficios tenemos los siguientes:
- Extender los plazos de pago. Dependiendo del acreedor y su relación con el deudor y su situación económica, los plazos para pagar las responsabilidades se pueden extender. El tiempo para efectuar esto no suele superar los cinco años, aunque puede llegarse a acuerdos para que dicho período sea mayor.
- Protección contra medidas cautelares. Acciones como embargos quedan suspendidas una vez se haga oficial el trámite.
- Facilidad de negociación. A lo largo de todo el proceso, las instituciones acreedoras no pueden realizar llamadas de cobranza, al menos, hasta que terminen las negociaciones.
- Cobros de intereses. Queda detenido el cobro de los intereses de mora, gastos de cobranza y otros costos que sean dirigidos hacia el deudor.
Según el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el deudor está en la obligación de entregar sus bienes con el fin de pagar una parte de sus obligaciones financieras.
Tiene lugar el concurso de acreedores, en los casos de cesión de bienes, y de insolvencia sea por falta de dimisión de bienes por parte del deudor, cuando fuere compelido a señalarlos para el embargo, o por insuficiencia en la dimisión.
Tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se denominará de quiebra, y ésta se declarará, además de las causales expresadas en el inciso anterior, por la presentación, por parte de un acreedor, de un auto de pago no satisfecho, por cesación en el cumplimiento de sus obligaciones a tres o más personas distintas, acreditadas con documento reconocido o con instrumento público. No se tendrá como obligaciones a distintas personas las provenientes, en su origen, de un mismo acreedor o de una misma obligación y que posteriormente hubieren sido endosadas o cedidas a diferentes personas.
Artículo 507 del Código de Procedimiento Civil
Por otra parte, según el artículo 508, la insolvencia se puede presentar de forma fortuita, culpable o fraudulenta.
La cesión de bienes presupone la insolvencia del deudor y ésta puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.
Fortuita, la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor;
Culpable, la ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor; y,
Fraudulenta, aquélla en que ocurren actos maliciosos del fallido, para perjudicar a los acreedores.
Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil
El tribunal competente adoptará las resoluciones del procedimiento principal para efectuar el reconocimiento de la declaración por parte de todos los Estados miembros que no posean otro tipo de trámite, exceptuando los siguientes:
- Si la declaración supone un riesgo importante para el orden público.
- Si las decisiones tomadas limitan el nivel de confidencialidad de la libertad de un individuo.
¿Para quién aplica la Ley de Insolvencia?
Según los estatutos establecidos en el artículo 507 del Código Procesal Civil de Ecuador, cualquier persona natural o jurídica podrá hacer uso de su derecho para declararse en insolvencia bajo las siguientes condiciones:
- Cuando es incapaz de realizar el pago de una o más obligaciones.
- Cada una de las deudas deben estar a favor de uno o más acreedores, sin importar si estos últimos son entidades o personas naturales.
- Debe contar con más de un proceso ejecutivo en curso o poseer una mora superior a los 90 días.
- Las obligaciones en estado de atraso deben representar al menos el 50 % de todas las deudas que posea el deudor.
Como se puede ver, la ley de insolvencia supone una gran ayuda para cualquier persona que se encuentra en una situación económica precaria.