Despido por cierre, liquidación o jubilación

El despido por cierre, liquidación o jubilación supone la rescisión de los contratos de trabajo de los empleados vinculados a la entidad por finalización de una empresa.

Este proceso está sometido a la regulación legal, y en la práctica sigue una serie de pasos. Estas fases varían en complejidad dependiendo de factores como las causas del cierre, la cantidad de trabajadores involucrados o si se trata de un empresario individual que se retira.

El despido resultante de la clausura de la empresa es legal y tiene como consecuencia la finalización de los contratos laborales, otorgando a los trabajadores el derecho a una indemnización.

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El despido por cierre o liquidación de la empresa

El cierre o liquidación de una empresa está contemplado como causa legal de despido en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido que el cierre de la empresa como causa extintiva debe basarse en criterios legales objetivos, evitando actuaciones de mala fe o propósitos diferentes, que deberán ser probados en juicio.

El cese de actividad puede deberse a decisiones de los socios, la caducidad de la empresa según sus estatutos, la incapacidad para llevar a cabo el objeto social originalmente establecido, o incluso la falta de una finalidad clara en su creación.

En general, las causas del cierre de una empresa suelen estar vinculadas a motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores también menciona la extinción de la personalidad jurídica como causa.

En casos menos habituales, la empresa se ve obligada a cerrar por circunstancias justificadas, como una infracción penal que conduce a su disolución. En cualquier escenario, la disolución de la empresa debe obedecer a criterios legales objetivos, según establece la jurisprudencia.

El despido por jubilación del empresario

El cese de contratos laborales debido a la jubilación del empresario constituye un motivo legal reconocido. No obstante, este cese requiere que la jubilación conduzca al cierre del establecimiento o actividad empresarial, ya que la continuidad no justificaría el despido.

El procedimiento para el despido por jubilación varía según el número de empleados que haya en la empresa. Así mismo, hay diferencias en el cálculo de la indemnización por jubilación del empresario según el tipo de entidad.

En el caso de un autónomo individual, el proceso también cambia. Si el contratante es una persona física, autónoma o individual, no necesita el permiso de las autoridades; simplemente debe notificar a los trabajadores.

Procedimiento en el despido por cierre, liquidación o jubilación

El despido colectivo solo se tramitará si afecta a más de 5 trabajadores, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y según se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2022 (STS 1346/2022). Si la empresa tiene solo hasta 5 trabajadores, el despido por cierre se tramitará como un despido individual.

En el despido colectivo o ERE, se debe presentar una solicitud ante las autoridades competentes, quienes verificarán su justificación y autorizarán el procedimiento. La indemnización mínima en este contexto es de 20 días por año trabajado, aunque ambas partes pueden negociar términos superiores.

En el caso de un despido individual ante una extinción de la personalidad jurídica, se requiere un preaviso mínimo de 15 días y una indemnización de 20 días por año trabajado.

Cuando se trata de un despido por jubilación del empresario autónomo, los trabajadores no necesitan preaviso y tienen derecho a una indemnización equivalente a un mes de salario, independientemente de su antigüedad.

Es fundamental destacar que esta disposición se aplica específicamente a autónomos, ya que, en el caso de sociedades unipersonales u otras formas societarias, no sería posible fundamentar un despido en la jubilación del empleador. Entender estas distintas causas es esencial para comprender el contexto en el que se puede dar por finalizado el contrato laboral.

Situaciones especiales

El despido por cierre o jubilación del empresario no está permitido en situaciones de traspaso de la empresa o cuando la entidad cese temporalmente su actividad. La jurisprudencia enfatiza que estos despidos deben estar respaldados por criterios legales y objetivos, y no simplemente por la voluntad de la entidad o sus socios.

Las causas legales para este despido demandan como requisito fundamental el cese de la actividad o cierre, lo que implica que, si la empresa continúa con el jubilado como titular o con terceros al mando, no tiene la facultad de extinguir los contratos de trabajo.

Es relevante considerar que algunos autónomos optan por la jubilación activa, que les permite seguir con su actividad laboral. Si, con el tiempo, deciden cambiar a la jubilación pasiva, esto no justificará un despido. La jurisprudencia establece claramente que el despido procede cuando se genera la jubilación, pero no después.

Impugnación del despido

En caso de despido, el trabajador cuenta con un plazo de 20 días hábiles para recurrir ante el Juzgado de lo Social, a partir del día siguiente a la efectividad del despido. Sin embargo, en situaciones comunes de cierre empresarial las probabilidades de éxito son limitadas.

Si el trabajador sospecha de acciones fraudulentas por parte de la empresa y cree que no tiene la obligación real de cerrar, es necesario firmar la notificación de despido como “No conforme” y registrar la fecha en el documento. Este paso es esencial para preservar la opción de impugnar el despido.

Los trabajadores tienen la opción de solicitar la nulidad o impugnación de los despidos. Dicho proceso implica analizar aspectos como la existencia de acuerdos en el periodo de consultas, el cumplimiento de procedimientos y la buena fe en la actuación de la empresa.

Es relevante actuar rápidamente, dado que el plazo para recurrir es de 20 días, y se recomienda consultar con un abogado especializado en derecho laboral para evaluar el caso.

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