Derecho penitenciario

El derecho penitenciario constituye un conjunto de normas jurídicas orientadas a regular y determinar la ejecución de penas y medidas privativas y no privativas de libertad.

El sistema penal de España está compuesto por el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal, el cual, a su vez, incluye el derecho penitenciario.

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¿Qué es el derecho penitenciario?

El derecho penitenciario es una especialidad jurídica relativamente reciente, que se encarga de regular la actividad penitenciaria. Específicamente la imposición de penas privativas de libertad y medidas penales que han de recibir las personas acusadas de cometer un delito.

El objetivo principal del derecho penitenciario es el mismo del sistema penal español, es decir, la reeducación y la reinserción social de los sentenciados en la sociedad, una vez hayan cumplido con la pena impuesta.

Por este motivo, es el encargado de la relación jurídica que surge entre el Estado y los reos como consecuencia de su detención o internamiento.

¿Cuál es la base del derecho penitenciario español?

En la actualidad, el derecho penitenciario español se fundamenta en la Carta Magna y en la estructura del derecho penal. Según lo establecido en la Constitución de 1978, ninguna persona puede ser sometida a pena, tortura o trato inhumano, aboliendo en su totalidad la pena de muerte.

Además, todas las penas privativas de libertad y medidas de seguridad están orientadas a la reinserción social de los reos, por el cual, quedan absolutamente prohibidos el trabajo forzado y, aunque se encuentren encarcelados, tendrán los mismos derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos. La privación de estos derechos debe estar justificada por decisión judicial, como lo establece la Ley General Penitenciaria.

Cabe señalar que el derecho penitenciario español no solo se ocupa de la ejecución de las penas privativas de libertad, sino también de las penas no privativas de libertad. Un ejemplo de ello son las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que fueron incluidas, por primera vez, por el Código Penal en 1995.

¿Cuál es la naturaleza del derecho penitenciario?

En la doctrina, hay diferentes posiciones con relación a la naturaleza del derecho penitenciario.

Los juristas, por ejemplo, aseguran que este forma parte del derecho penal y del derecho procesal porque se ocupa de la ejecución de penas privativas de libertad y las penas no privativas de libertad, es decir, que tiene cabida cuando culmina el proceso. En este sentido, es el Estado el que tiene el deber de velar por el cumplimiento de las penas impuestas y por el respeto de sus derechos fundamentales.

Ahora bien, para algunos tratadistas de derecho administrativo, las actividades administrativas penitenciarias forman parte de la Administración Pública, lo que significa que las normas que regulan esta disciplina jurídica han de ser consideradas como pertenecientes al derecho administrativo.

La otra parte de la doctrina defiende, en cambio, que el derecho penitenciario constituye una rama independiente del derecho, debido a que el cuerpo de normas que regulan es independiente de las que establecen los delitos y las penas.

¿Qué son las instituciones penitenciarias?

Las Instituciones penitenciarias tienen un papel muy importante en la política de seguridad y en la política de control social de la nación. El Estado tiene la obligación de construir y mantener los centros donde los reos deben cumplir las penas impuestas en las sentencias judiciales, con el fin de que sirvan como espacios de rehabilitación y de reinserción social.

En el artículo 25.2 de la Constitución Española, se establece que todos los condenados tienen derecho a un trabajo remunerado y a los privilegios correspondientes de la Seguridad Social. También tienen derecho a tener acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad.

Las personas que trabajan en estos espacios desempeñan tareas de especial consideración, por eso, han de ser profesionales que garanticen su efectiva aplicación. Los perfiles profesionales que se encuentran en estos centros son:

  • Trabajadores sociales: se encargan de atender los problemas relacionados con la conducta de los internos, además de todo lo que involucra las relaciones sociales que existe entre ellos.
  • Educadores: tienen como misión organizar proyectos educativos en el centro.
  • Psicólogos: tienen la responsabilidad de evaluar el comportamiento de los reos con el fin de facilitar su futura integración en la sociedad.
  • Sociólogos: se ocupan de realizar labores científicas con relación a la investigación que se esté realizando.
  • Personal sanitario: son los encargados de atender la salud física y mental de los funcionarios y de los internos.
  • Personal de vigilancia: su trabajo es estar alerta de los internos, tanto en el interior como en el exterior del centro. Las medidas de seguridad implementadas por el personal de vigilancia también van dirigidas a proteger a todo el personal que ahí trabaja.

Grados de clasificación penitenciaria

El derecho penitenciario recoge los distintos grados y regímenes que se aplican a los reclusos de acuerdo a la gravedad del delito cometido.

En este sentido, los reos se clasifican en tres grados:

  • Primer Grado: las medidas de control y seguridad de primer grado se caracterizan por ser más restrictivas, debido a la alta peligrosidad que representan. Se lleva a cabo a propuesta de la Junta de Tratamiento, que requiere de informes por parte del jefe de servicio y del equipo técnico. El acuerdo por el Centro Directivo es puesto a disposición del Juez de vigilancia penitenciaria y el interno tendrá derecho a recurrir dicho acuerdo.
  • Segundo Grado: corresponde a un régimen ordinario.
  • Tercer Grado: cumplen con el régimen abierto, en cualquiera de sus modalidades, pues se considera que están preparados para vivir en libertad.

Conclusión

El derecho penitenciario es, por tanto, la rama jurídica que se encarga de regular y abordar aspectos como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, además de otros asuntos que afectan a otros derechos del condenado.

Asimismo, se encarga de todo lo referente a la estructura de los centros penitenciarios y al cumplimiento de las medidas que deben impulsar su fin, es decir, la reeducación y reinserción social.

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