Derecho Concursal

El derecho concursal es la rama del derecho que regula la actividad de los deudores y acreedores en situación de insolvencia. Esta disciplina se desarrolla en el ámbito concursal, es decir, en el contexto de un procedimiento que tiene por objeto asegurar una solución justa a los acreedores.

¿Qué es el derecho concursal?

Se trata de una disciplina muy compleja, ya que abarca una gran cantidad de temas relacionados con la insolvencia. Esto incluye la constitución de una junta de acreedores, la realización de una auditoría de la deuda, la determinación de la cuantía de la deuda, la liquidación de los activos, el tratamiento de la deuda preconcursal, la negociación de acuerdos con los acreedores, el establecimiento de un plan de pagos, el establecimiento de un procedimiento de quiebra y otras cuestiones relacionadas.

Además, el derecho concursal también regula el tratamiento de los bienes del deudor. Aspectos como la determinación de la propiedad de los bienes, la gestión de los activos, el establecimiento de una estructura de pago, la determinación de quién tiene prioridad en el cobro de los activos y la distribución de los bienes entre los acreedores.

También es importante destacar que el derecho concursal establece una serie de responsabilidades para los deudores y acreedores. Dichas responsabilidades incluyen el cumplimiento de los acuerdos establecidos, la presentación de los documentos necesarios y el deber de cooperar para llegar a un acuerdo.

Las funciones de un abogado concursal

Los abogados concursales desempeñan una variedad de funciones para ayudar a sus clientes a salir de la crisis financiera. Estas funciones incluyen:

• Ayudar a los clientes a preparar y presentar una propuesta de reestructuración a los acreedores.
• Realizar una evaluación financiera para determinar la capacidad de pago de los clientes.
• Asesorar a los clientes sobre el alcance de la ley de insolvencia.
• Ayudar a los clientes a negociar acuerdos de reestructuración con los acreedores.
• Asesorar a los clientes sobre los derechos y responsabilidades de los acreedores.
• Además, los abogados concursales también pueden ayudar a los clientes a presentar una solicitud de declaración de insolvencia y presentar el caso ante el tribunal.
• Proporcionar asesoramiento legal sobre los derechos y responsabilidades de los acreedores.

Otras consideraciones sobre estos abogados

Debido a la naturaleza y complejidad de la ley de insolvencia, los abogados concursales deben tener una amplia experiencia en esta área. Tienen que estar familiarizados con los procedimientos de insolvencia, los requisitos de los acreedores y los derechos de los acreedores.

Lo ideal es que tengan experiencia en la negociación de acuerdos de reestructuración con los acreedores.

Los abogados concursales ofrecen una importante ayuda a los clientes que están en una situación de crisis financiera. Aportan asesoramiento legal sobre los procedimientos de insolvencia, ayudan a los clientes a preparar y presentar una propuesta de reestructuración a los acreedores, negocian acuerdos de reestructuración y asesoran a los clientes sobre los derechos y responsabilidades de los acreedores.

Normativa reguladora del derecho concursal y recientes reformas

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, fue publicado en el BOE el 7 de mayo de 2020. En este Real Decreto se aprobaba el texto refundido de la Ley Concursal, entró en vigor el 1 de septiembre de 2020 y derogaba la ley concursal en vigor hasta ese momento, la Ley 22/2003.

En septiembre del año 2022 entraba en vigor la Ley 16/2022, tras una larga y densa tramitación, en la que tuvo hasta 700 enmiendas. La finalidad principal era adaptar a la ley española la directiva europea sobre insolvencias, sustituyendo al Real Decreto Legislativo 1/2020, que hemos visto en el párrafo anterior.

La nueva ley surge por la necesidad existente de agilizar los trámites que rodean a las fases del proceso concursal, así como incrementar la seguridad y las garantías del sistema de insolvencias en España. Todo ello siempre con el objetivo final del interés común, y de facilitar acuerdos entre acreedores, mitigando los efectos de los conflictos de intereses.

Puntos más importantes de la nueva ley

Planes de reestructuración para actuar antes de los efectos de la insolvencia

Estas acciones garantizarán una reestructuración preventiva para las empresas, con la que podrán continuar sus actividades. Todo ello ante la posibilidad real de una insolvencia que parece inminente, pero tratándola de evitar y controlar.

Procedimiento de insolvencia único para las microempresas

Se contienen regulaciones y preceptos específicos en la nueva ley, para que las microempresas y entidades de pequeño puedan iniciar el proceso concursal de forma telemática y dirijan de forma adecuada sus situaciones de insolvencia y las cuestiones preconcursales.

Estas novedades constituyen un gran beneficio para las microempresas, entre otras cosas porque la posible presentación de formularios y documentos de forma telemática supone sin duda un ahorro de tiempo para todas las partes.

Reforma del procedimiento de segunda oportunidad

La nueva ley amplía las deudas que se pueden exonerar con la Ley de Segunda Oportunidad, así como la posibilidad de llevar a cabo ese proceso sin una liquidación previa del deudor. Con ello, este deudor podrá conservar su vivienda y elementos de vida fundamentales, así como los activos empresariales para seguir su actividad.

Con determinadas condiciones de pago, estos deudores van a poder exonerar las deudas y empezar de nuevo o retomar sus actividades. Y todo ello sin el peso asfixiante de las deudas que tenían, y que les ha llevado a una situación límite.

Una mayor eficacia y agilidad en los procedimientos concursales

Con los preceptos de la nueva ley, los acreedores van a poder acelerar los procesos, además de conseguir más implicación de los socios de la empresa deudora. Todo ello va a facilitar la valoración de la deuda.

Otro elemento que contribuye a la agilidad del proceso concursal, es la sustitución de la junta de acreedores por un simple trámite escrito.

En el caso de administrador concursal, si se demuestra su mala gestión o el proceso dura más de un año por causas que le son imputables, se puede reducir su retribución.

Como vemos, en principio todas estas novedades evitarán retrasos del proceso concursal y conseguirán más efectividad para las partes implicadas.