Derecho a la intimidad

El derecho a la intimidad consiste en garantizar el libre desarrollo de la vida privada individual de cada uno.

¿Dónde se regula el derecho a la intimidad?

El derecho a la intimidad viene consagrado en la Constitución Española, Título I (De los derechos y deberes fundamentales), Capítulo Segundo (Derechos y libertades), Sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas), artículo 18.

También es importante acudir a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿Cómo se define el derecho a la intimidad?

En palabras del Diccionario del Español Jurídico, el derecho a la intimidad se puede definir como derecho a disfrutar de un ámbito propio y reservado para desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, excluido tanto del conocimiento como de las intromisiones de terceros.

¿Qué incluye el derecho a la intimidad?

El derecho a la intimidad se traduce en los siguientes aspectos:

  • La intimidad personal y familiar, el honor y la propia imagen no pueden ser atentados por otra persona.
  • El domicilio es inviolable, de tal forma que un tercero solo tendrá acceso a él mediante autorización de los inquilinos o judicial.
  • Las comunicaciones tampoco podrán ser interceptadas al antojo de nadie.

La base legal que lo fundamenta se encuentra en el recién mencionado artículo 18 de la Constitución Española:

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 18 de la Constitución

¿Quiénes pueden disfrutar del derecho a la intimidad?

Toda persona física tendrá derecho al disfrute de su intimidad. No obstante, no ocurre lo mismo con las personas jurídicas. Éstas únicamente gozarán del derecho al honor y al domicilio.

¿En qué ámbitos se manifiesta el derecho a la intimidad?

Muy esquemáticamente, este derecho a la intimidad se desarrolla en dos ámbitos:

Facultades de evitar a terceros en el ámbito privado

Se habla de facultades en sentido negativo porque los ataques a la intimidad son ataques al mantenimiento intacto de ciertos ámbitos de privacidad de una persona.

Se reconoce ese espacio de libertad sin la presencia de terceros para el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, el Código Penal reconoce la capacidad de rechazar las intromisiones en ese ámbito restringido.

Facultades de protección frente a terceros

El desarrollo del derecho de la intimidad y de las nuevas tecnologías, ha dado lugar a otro ámbito en el que el sujeto tiene facultades positivas a la hora de actuar. El ordenamiento jurídico ejerce un control sobre los datos que puedan afectar a una persona. Es el derecho a solicitar permiso para utilizar información personal.

En España la primera sentencia que se inició en esta senda de facultades positivas de protección de datos fue la 254 de 20 de julio de 1923. Aunque la Constitución no lo contemplara, el Tribunal Constitucional a partir de ese momento aceptó esa dimensión, que se desarrolla en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1929.

Es la más inmediata consecuencia de este control de información, que se castiga mediante sanciones penales a partir de entonces.

¿Cómo se castiga un atentado al derecho a la intimidad?

Los delitos contra la intimidad se regulan en el Título X (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de domicilio) del Código Penal, Capítulo I (del descubrimiento y revelación de secretos), artículos 197 a 201.

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 197.1 del Código Penal