Delitos de frustración de la ejecución

Jurídicamente revisado por: Arturo González Pascual
Los delitos de frustración de la ejecución engloban una serie de conductas delictivas dirigidas a frustrar maliciosamente un procedimiento de ejecución en perjuicio del acreedor, y a impedir que este pueda cobrar su deuda.
Ideas clave
  • La frustración de la ejecución engloba delitos de alzamiento de bienes, de ocultación de bienes en un procedimiento de ejecución y de utilización no autorizada de bienes embargados por la autoridad.
  • El delito de alzamiento de bienes se considera la base de este grupo de conductas delictivas.
  • Los delitos de frustración de la ejecución pueden ser cometidos por persona física o jurídica.
  • El bien jurídico protegido es el patrimonio, pero, más concretamente, el derecho de crédito del acreedor y el correcto funcionamiento de los procedimientos de ejecución.
  • Esta categoría de delitos se crea en 2015, incluyendo el alzamiento de bienes (que hasta entonces era insolvencia punible) y dos nuevos delitos.
  • Se trata de delitos menos graves en su mayoría, además de dolosos y de mera actividad.

¿Qué es el delito de frustración de la ejecución?

No existe un delito de frustración de la ejecución como tal, sino que es el nombre que recibe un grupo de delitos que tienen como objetivo frustrar u obstaculizar el procedimiento judicial o administrativo de ejecución de bienes. 

El Código Penal castiga como delito de frustración de la ejecución, por tanto, las siguientes conductas delictivas: 

  • El alzamiento de bienes.
  • La ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
  • La utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

Además, también se castigan estas conductas cuando el autor es una persona jurídica

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Características de los delitos de frustración de la ejecución

En cuanto a las características de los delitos de frustración de la ejecución:

  • Salvo algún caso agravado en el alzamiento de bienes, en todos los demás casos, se trata de delitos menos graves
  • Todos ellos son delitos de mera actividad, donde se castiga la realización de una conducta independientemente de que se obtenga el resultado buscado.
  • Son delitos dolosos para los que no se contempla la comisión por imprudencia.

¿Dónde se regula el delito de frustración de la ejecución?

Los delitos considerados como de frustración de la ejecución están incluidos en el capítulo VII del título XIII (que recoge los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) del libro II (dedicado a los delitos y sus penas).

Así, la expresión frustración de la ejecución es la propia rúbrica del capítulo VII, que incluye los artículos 257 a 258 ter

Esta regulación ha experimentado una modificación importante como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Esta ley cambió el título del capítulo, antes referido a las insolvencias punibles, por el actual de frustración de la ejecución, y añadió dos delitos más. A la vez, separó otros delitos relativos al concurso punible que compartían capítulo con el alzamiento de bienes y los incluyó en un capítulo nuevo, a continuación, que rescata el viejo título dedicado a las insolvencia punibles.

¿Cuál es el bien jurídico protegido por los delitos de frustración de la ejecución?

La mayoría de la doctrina coincide en entender como bien jurídico protegido el patrimonio; más concretamente, el derecho de crédito del acreedor ante un incumplimiento del deudor, y, a raíz de la reforma de 2015, también se incluye como bien jurídico protegido el correcto funcionamiento y la efectividad de los procedimientos de ejecución judicial o administrativa.

¿En qué consiste la conducta punible como frustración de la ejecución?

Como se ha mencionado, bajo la rúbrica de frustración de la ejecución quedan incluidos los siguientes delitos: 

Delito de alzamiento de bienes

Este delito ha sido considerado tradicionalmente como un tipo de insolvencia punible, pero actualmente encuentra su lugar entre los delitos de frustración de la ejecución. Es el delito base sobre el que se construyen los demás tipos delictivos.

En cuanto a la conducta perseguida, el artículo 257 castiga a quien realice alguna de las siguientes acciones: 

  • Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, esto es, provocar la propia insolvencia para perjudicar a los acreedores, quebrar maliciosamente o retirar de cualquier manera los bienes del alcance del acreedor.
  • Con el mismo fin, disponer del propio patrimonio o contraer obligaciones para dilatar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo o procedimiento ejecutivo o de apremio ya iniciado o esperado.
  • Disponer del patrimonio, contraer obligaciones que lo disminuyan u ocultar elementos del patrimonio sobre los que podría hacerse efectiva la ejecución, con el fin de eludir el pago de la responsabilidad civil derivada de un delito.

La pena prevista es de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

Pero si la deuda es de derecho público y el acreedor es una persona jurídica pública, se eleva a prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses. La pena se aplicará en su mitad superior si concurren determinadas circunstancias agravantes.

Delito de ocultación de bienes

El artículo 258 contempla el delito de ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, que comete quien en tales procedimientos presenta una relación de bienes o patrimonio falsa o incompleta, o no la presenta, dificultando así el cobro del crédito para el acreedor.

La pena prevista es de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. 

No se perseguirá el delito si, antes de que se descubra el defecto en la declaración presentada, el deudor presenta la correcta o completa por propia iniciativa.

Delito de utilización no autorizada de bienes embargados

El artículo 258 bis castiga con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses a quien, sin estar autorizado para ello, haga uso de bienes embargados por autoridad pública que hayan sido constituidos en depósito. 

Si la conducta de que se trate ya está castigada con una pena más grave en otro artículo del Código Penal, se aplicará esa.

Delitos de frustración de la ejecución cometidos por persona jurídica

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, también añadió el artículo 258 ter, permitiendo castigar las conductas descritas cuando sean cometidas por una persona jurídica.

En este caso, las penas a imponer serán las siguientes:

  • Para el delito de alzamiento de bienes, la pena será de multa de 1 a 3 años. Si el delito afecta a deudas de derecho público y a acreedor persona jurídica pública, la pena será de multa de 2 a 5 años.
  • Para el delito de ocultación de bienes, la pena será de multa de 6 meses a 2 años.
  • Para el delito de utilización no autorizada de bienes embargados, la pena será de multa de 6 meses a 2 años.

Además, cuando sea procedente, los jueces y tribunales podrán imponer también las siguientes penas:

  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de sus actividades por un plazo no superior a 5 años.
  • Clausura de locales y establecimientos de hasta 5 años.
  • Prohibición de realizar las actividades que se emplearon para cometer el delito.
  • Inhabilitación para obtener ayudas públicas, incentivos fiscales o contratar con el sector público.
  • Intervención judicial por tiempo no superior a 5 años.

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Categorías: Delitos,Derecho Penal

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Arturo González Pascual, abogado especialista en derecho penal
Arturo González Pascual
Abogado especialista en derecho penal
13 años colegiado
Colegio de Abogados de Madrid (nº 91.186)

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