Delito de trata de seres humanos

El delito de trata de seres humanos se considera una forma de esclavitud moderna que es abordada en el Código Penal con sanciones severas. El bien jurídico protegido por estas medidas legales es la dignidad y la libertad de las víctimas.

La trata de seres humanos es catalogada como uno de los ataques más denigrantes contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es una de las formas de criminalidad más lucrativas y se encuentra estrechamente vinculada a la delincuencia organizada transnacional.

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Elementos típicos del delito de trata de seres humanos

El delito de trata de seres humanos se encuentra definido en el artículo 177 bis del Código Penal. 

Hay algunos elementos clave que concurren para que se configure:

Las acciones

Las acciones abarcan la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, incluso incluyendo el intercambio o transferencia de control sobre las mismas.

Hay que incidir en que se aplica un criterio de territorialidad, es decir, el delito debe cometerse en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a este país.

Los medios

Las acciones descritas se llevan a cabo mediante diversos medios, como la violencia, intimidación o engaño, abuso de poder, o aprovechando una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima. También se incluye la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la persona que controla a la víctima.

La ley precisa que la situación de necesidad o vulnerabilidad se presenta cuando la persona no tiene otra opción real o aceptable que someterse al abuso.

En el caso de víctimas menores de edad, no es necesario que se cumplan los medios específicos mencionados anteriormente. Basta con que se realicen las acciones típicas (captar, transportar, trasladar, acoger o recibir) con fines de explotación y se cumpla el criterio de territorialidad.

Es esencial subrayar que, en este contexto, el consentimiento de la víctima resulta irrelevante si se ha recurrido a medios como la violencia, la intimidación o el engaño.

Finalidades

El propósito de estas acciones es la realización de al menos una de las siguientes finalidades: imposición de trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, mendicidad, explotación sexual (incluyendo la pornografía), explotación para actividades delictivas, y la extracción de órganos corporales.

¿Con qué penas se castiga el tipo básico del delito de trata de seres humanos?

El delito de trata de seres humanos lleva consigo una sanción severa, con una pena de prisión que oscila entre 5 y 8 años. Esta penalización refleja la gravedad del delito y la necesidad de imponer medidas firmes para combatir esta violación de los derechos fundamentales.

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

c) La explotación para realizar actividades delictivas.

d) La extracción de sus órganos corporales.

e) La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.

Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Artículo 177 bis.1 del Código Penal

En principio, la naturaleza del delito no permite la suspensión de la pena privativa de libertad. No obstante, se contempla la posibilidad de atenuantes que, bajo circunstancias particulares, podrían generar un escenario propicio para la suspensión, aunque esta posibilidad está sujeta a evaluación caso por caso.

Agravantes en el delito de trata de seres humanos

En el marco legal del artículo 177 bis del Código Penal, se establece que este delito puede ser castigado con una pena superior en grado al contemplado inicialmente, dependiendo de ciertas circunstancias agravantes.

Son las siguientes:

  • Peligro y vulnerabilidad. La pena superior en grado al tipo básico se aplica en situaciones específicas:
    • Cuando se ha puesto en peligro la vida o integridad física o psíquica de las víctimas.
    • Si la víctima es especialmente vulnerable debido a enfermedad, estado gestacional, discapacidad, situación personal o es menor de edad.
    • Cuando la situación de vulnerabilidad de la víctima se origina o agrava por desplazamiento debido a conflicto armado o catástrofe humanitaria.
    • En caso de concurrir más de una de estas circunstancias, se impone la pena en su mitad superior.
  • Menores de edad. Cuando la víctima es menor de edad, las consecuencias legales son aún más severas. Además de la pena de prisión, se impone una pena adicional de inhabilitación especial. Esta medida afecta a cualquier profesión, oficio o actividad, ya sea remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad. La duración de esta inhabilitación especial se extiende entre 6 y 20 años más allá del período de privación de libertad impuesto, enfocándose en proteger a los menores y prevenir futuros abusos.
  • Acciones prevaliéndose de autoridad. Para aquellos que cometen el delito prevaliéndose de su condición de autoridad, agente o funcionario público, se impone una pena superior en grado y, además, una inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.
  • Pertenencia a organización o asociación criminal. Cuando el culpable pertenece a una organización o asociación de más de dos personas dedicada a estas actividades, se impone una pena superior en grado y una inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena. Para los líderes de estas organizaciones, la pena se aplica en su mitad superior, pudiendo elevarse a la inmediatamente superior en grado.

¿Puede una persona jurídica cometer un delito de trata de seres humanos?

El artículo 177 bis, apartado 7, aborda la posibilidad de que una persona jurídica cometa el delito de trata de seres humanos. En tal situación, la sanción prevista es una multa que oscila entre el triple y el quíntuple del beneficio obtenido.

Considerando las disposiciones establecidas en el artículo 66 bis del Código Penal, se amplía el abanico de sanciones que el tribunal puede imponer a la persona jurídica culpable. Estas sanciones incluyen:

  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de actividades y clausura de locales por un máximo de 5 años.
  • Prohibición de actividades relacionadas con el delito.
  • Inhabilitación para obtener beneficios públicos por un plazo no mayor a 15 años.
  • Intervención judicial para proteger derechos de trabajadores y acreedores, por máximo 5 años.

Otros aspectos del delito

Las acciones de provocación, conspiración y proposición para cometer el delito de trata de seres humanos hacen que la sanción impuesta sea inferior en 1 o 2 grados a la correspondiente al delito consumado.

Es común que la trata de seres humanos coexista con otros delitos, como el favorecimiento de la inmigración ilegal o el delito de explotación, como en el caso de la explotación sexual.

El artículo 177 bis. 9 CP establece expresamente el concurso de delitos en estos casos, no un concurso de normas, lo que implica que cada delito se castigará por separado de acuerdo con las normativas aplicables.

El apartado 11 del artículo 177 bis del Código Penal establece una exención de pena para las víctimas, siempre que su participación haya sido resultado de la violencia, intimidación, engaño o abuso sufrido; y que haya una adecuada proporcionalidad entre la situación de la víctima y el delito cometido.

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