La Administración tiene un plazo de 3 meses para resolver, desde el día siguiente a aquel en el que haya entrado la solicitud en el registro del órgano que tenga que tramitarlo. Sin embargo, en la práctica, este plazo no suele cumplirse. Estos procedimientos pueden resolverse en menos tiempo pero, a menudo, se extienden hasta 6 o 7 meses aproximadamente.
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