Impuesto de sucesiones
El impuesto de sucesiones es un tributo directo que grava la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado u otro título sucesorio, así como determinadas prestaciones de seguros de vida por fallecimiento.
Ideas clave
- El impuesto de sucesiones es una de las modalidades del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) que se exige en toda España, pero su regulación y gestión varían en función del territorio.
- Tienen que pagar este impuesto los herederos, los legatarios y las demás personas físicas que adquieren bienes o derechos por cualquier otro título sucesorio.
- También tienen que pagarlo las personas físicas beneficiarias de seguros de vida cuando las cantidades que reciben están sujetas a este impuesto, aunque no sean herederas de la persona fallecida.
- No se paga una cantidad fija por el impuesto de sucesiones; la normativa estatal establece una tarifa progresiva con tipos impositivos que van del 7,65 % al 34 %.
- Las comunidades autónomas pueden establecer sus propias tarifas y aprobar reducciones, deducciones y bonificaciones.
- Para determinar cuánto debe pagar cada contribuyente, hay que seguir una serie de pasos que finalizan con la aplicación de las deducciones y bonificaciones.
- De forma general, el impuesto de sucesiones se presenta y paga en la comunidad autónoma donde tenía su residencia habitual la persona fallecida, con particularidades en casos específicos.
- El plazo general para presentar el impuesto de sucesiones es de 6 meses desde el fallecimiento, si bien hay reglas especiales respecto al cómputo del plazo.
- El impuesto de sucesiones se puede pagar directamente con dinero de la herencia, y también se puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda.
- Es igualmente obligatorio presentar el impuesto en el caso de que, tras aplicar los beneficios fiscales correspondientes, no resulte ninguna cantidad a pagar.
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Buscar abogado de herencias¿Qué es el impuesto de sucesiones?
El impuesto sobre sucesiones, al que se suele denominar impuesto de sucesiones, es un tributo que grava la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado u otro título sucesorio, así como determinadas prestaciones de seguros de vida por fallecimiento.
Se trata de una de las modalidades del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), un tributo directo que, como indica su nombre, también grava las donaciones.
El impuesto se exige en toda España, pero su regulación y gestión varían según el territorio. En las comunidades autónomas de régimen común es un tributo estatal cedido, mientras que en Navarra y el País Vasco se aplican sus respectivas normativas forales. En Ceuta y Melilla, su gestión corresponde a la Agencia Tributaria estatal.
Estas diferencias territoriales, junto con otros factores como el valor de los bienes heredados y las circunstancias personales de cada heredero o legatario, hacen que la cantidad que debe pagarse por una herencia pueda variar considerablemente.
¿Dónde se regula el impuesto de sucesiones?
El impuesto de sucesiones se regula principalmente en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en su reglamento de desarrollo, el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Estas normas establecen, entre otras cuestiones, qué adquisiciones están sujetas al impuesto, quiénes están obligados a pagarlo y las reglas generales para su cálculo y gestión.
Además, debe tenerse en cuenta la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula la cesión del impuesto a las comunidades autónomas de régimen común y delimita sus competencias normativas. Por ello, también resulta aplicable la legislación de la comunidad autónoma correspondiente, que puede establecer reducciones, deducciones, bonificaciones y otras particularidades.
Por otro lado, en Navarra y el País Vasco se aplican sus respectivas normativas forales, conforme a los sistemas establecidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En este artículo se explica el régimen común.
¿Quién está obligado a pagar el impuesto de sucesiones?
Están obligados a pagar el impuesto de sucesiones los herederos, los legatarios y las demás personas físicas que adquieren bienes o derechos por cualquier otro título sucesorio.
También están obligados los beneficiarios de seguros de vida cuando las cantidades que reciben están sujetas a este impuesto, siempre y cuando también sean personas físicas, aunque no sean herederos de la persona fallecida.
En cambio, cuando quien recibe una herencia, un legado o la prestación de un seguro de vida es una persona jurídica, la adquisición no está sujeta al impuesto de sucesiones. Su tratamiento fiscal dependerá del régimen tributario que le resulte aplicable. Por ejemplo, si se trata de una sociedad mercantil residente en España, la adquisición tributa por el impuesto sobre sociedades.
¿Cuánto se paga por el impuesto de sucesiones?
No existe una cantidad fija que deba pagarse por el impuesto de sucesiones. Su importe depende de diversos factores, entre ellos el valor de los bienes y derechos heredados, el grado de parentesco con la persona fallecida, el patrimonio preexistente del beneficiario y la normativa aplicable.
La normativa estatal establece una tarifa progresiva con tipos impositivos que van del 7,65 % al 34 %, aplicados por tramos sobre la base liquidable. Sin embargo, las comunidades autónomas pueden establecer sus propias tarifas y aprobar reducciones, deducciones y bonificaciones que modifican considerablemente la cantidad final que debe pagarse.
Por ello, dos personas que reciben herencias del mismo valor pueden tener que pagar cantidades muy diferentes. Incluso es posible que, después de aplicar los beneficios fiscales correspondientes, no resulte ninguna cantidad a ingresar.
¿Cómo se calcula el impuesto de sucesiones?
El impuesto de sucesiones se calcula de forma individual para cada heredero o legatario, en función del valor de los bienes y derechos que adquiere y de la normativa fiscal aplicable.
Para calcular el impuesto correspondiente a una adquisición hereditaria, se siguen los siguientes pasos:
- Calcular la masa hereditaria bruta. Se identifican y valoran todos los bienes y derechos que forman parte de la herencia, como inmuebles, cuentas bancarias, vehículos o inversiones. También se incluye el ajuar doméstico que corresponda. Para valorar los inmuebles, debe tenerse en cuenta el valor de referencia catastral, cuando exista, o las demás reglas legales de valoración.
- Obtener la masa hereditaria neta. Al valor anterior se le restan las cargas, deudas y gastos que sean fiscalmente deducibles.
- Determinar la base imponible. Se calcula el valor neto de la adquisición que corresponde a cada heredero o legatario, según sus derechos sucesorios. También se tienen en cuenta, cuando proceda, las cantidades percibidas de seguros de vida y los demás conceptos que deban incorporarse conforme a la ley.
- Calcular la base liquidable. Se aplican a la base imponible las reducciones estatales y autonómicas que correspondan, por ejemplo, por parentesco, discapacidad o adquisición de determinados bienes.
- Obtener la cuota tributaria. Se aplica a la base liquidable la tarifa progresiva del impuesto para obtener la cuota íntegra. Después, esta se multiplica por el coeficiente que corresponda según la normativa de aplicación, teniendo en cuenta el grado de parentesco y, cuando proceda, el patrimonio preexistente del beneficiario.
- Aplicar las deducciones y bonificaciones. Por último, se aplican las deducciones y bonificaciones previstas en la legislación correspondiente, obteniendo así el importe final del impuesto.
Cuando el contribuyente únicamente percibe una prestación de un seguro de vida, la base imponible está constituida por las cantidades recibidas. A partir de ella se calcula el impuesto aplicando las reducciones, la tarifa, los coeficientes multiplicadores y los demás beneficios fiscales que correspondan. Si el beneficiario también recibe bienes o derechos hereditarios, las cantidades del seguro se acumulan a su porción hereditaria en los supuestos previstos legalmente.
A efectos de las reducciones por parentesco y de los coeficientes multiplicadores, la normativa estatal distingue cuatro grupos de contribuyentes:
- Grupo I: descendientes y adoptados menores de 21 años.
- Grupo II: descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
- Grupo III: parientes colaterales de segundo y tercer grado, así como ascendientes y descendientes por afinidad.
- Grupo IV: parientes colaterales de cuarto grado, parientes más lejanos y personas sin parentesco.
¿Qué son las reducciones, deducciones y bonificaciones y cuáles existen?
La normativa del impuesto de sucesiones contempla distintos beneficios fiscales que permiten reducir la cantidad que debe pagarse, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Estos beneficios pueden ser de tres tipos:
- Reducciones: disminuyen la base imponible antes de calcular la cuota del impuesto. Existen reducciones por parentesco con la persona fallecida, discapacidad del beneficiario, adquisición de la vivienda habitual del causante, transmisión de empresas familiares y determinadas prestaciones de seguros de vida, entre otras.
- Deducciones: disminuyen directamente la cuota tributaria. La normativa estatal contempla una deducción por doble imposición internacional para determinados supuestos en los que una adquisición también ha tributado en el extranjero. Las comunidades autónomas también pueden establecer sus propias deducciones.
- Bonificaciones: permiten reducir la cuota tributaria en un determinado porcentaje. Diversas comunidades autónomas establecen bonificaciones importantes para las herencias recibidas por cónyuges, ascendientes y descendientes. También existen bonificaciones específicas para Ceuta y Melilla.
¿Dónde se paga el impuesto de sucesiones?
El impuesto de sucesiones se presenta y paga en la comunidad autónoma donde tenía su residencia habitual la persona fallecida, siempre que tanto esta como el contribuyente fueran residentes fiscales en España y resulte aplicable el régimen común.
Para determinar la comunidad autónoma competente, se tiene en cuenta, en primer lugar, aquella en la que el fallecido permaneció más días durante los 5 años inmediatamente anteriores al devengo del impuesto. Por tanto, no es determinante dónde residan los herederos ni dónde se encuentren los bienes heredados.
Sin embargo, cuando el fallecido o el beneficiario de la herencia no eran residentes fiscales en España, la gestión del impuesto corresponde, en los supuestos sujetos al régimen común, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de su Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Esto no impide que pueda aplicarse la normativa de una comunidad autónoma cuando así lo permita la legislación.
En Ceuta y Melilla, la gestión del impuesto corresponde a las respectivas delegaciones de la Agencia Tributaria cuando el fallecido residía allí y el contribuyente es residente fiscal en España. Si el contribuyente no reside en España, la gestión corresponde a la Oficina Nacional de Gestión Tributaria.
Cuando el beneficiario de un seguro de vida no recibe otros bienes o derechos de la herencia a los que deba acumularse la prestación, la gestión del impuesto corresponde a la Agencia Tributaria estatal, a través de su Oficina Nacional de Gestión Tributaria, aunque tanto el fallecido como el beneficiario fueran residentes fiscales en España. Se exceptúan los supuestos cuya gestión corresponde a las delegaciones de la Agencia Tributaria de Ceuta y Melilla.
¿Qué plazo hay para presentar y pagar el impuesto?
El plazo general para presentar el impuesto de sucesiones por adquisiciones derivadas de un fallecimiento, incluidas las prestaciones de seguros de vida sujetas al impuesto, es de 6 meses desde el fallecimiento. No obstante, existen reglas especiales que pueden modificar el inicio o el cómputo de este plazo, como ocurre con la declaración judicial de fallecimiento o determinados litigios sucesorios.
Por otra parte, las adquisiciones producidas en vida del causante mediante pactos sucesorios se rigen por sus propios plazos de presentación.
Cuando se presenta una autoliquidación, debe pagarse la cantidad que resulte a ingresar dentro del plazo establecido. Si la Administración practica la liquidación, el pago debe realizarse en el plazo indicado en la notificación.
Para las adquisiciones por causa de muerte sujetas al plazo de 6 meses, se puede solicitar una prórroga de otros 6 meses, de modo que el plazo total puede ampliarse hasta un año. Para ello, la solicitud debe presentarse ante la administración tributaria competente durante los 5 primeros meses del plazo ordinario, indicando los motivos que justifican la ampliación y acompañando la documentación exigida. Solo existe una excepción en el régimen común: Aragón, donde se puede solicitar durante los 6 meses de duración del periodo ordinario, conforme al artículo 133-5 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre.
Si transcurre un mes desde la solicitud sin que la Administración haya notificado una resolución, la prórroga se entiende concedida. Sin embargo, la ampliación del plazo conlleva el pago de intereses de demora sobre la cantidad que resulte a ingresar, desde la finalización del plazo ordinario de 6 meses hasta la presentación.
También es posible pagar el impuesto de sucesiones directamente con dinero de la herencia, sin necesidad de que los herederos adelanten el importe con sus propios fondos. Para ello, si existen cuentas bancarias a nombre del fallecido, se puede solicitar a la entidad financiera que destine el dinero necesario al pago del impuesto, siguiendo el procedimiento correspondiente. Esta posibilidad no permite disponer libremente del dinero heredado, sino únicamente utilizarlo para cumplir con esta obligación tributaria.
Por otra parte, si no se dispone de liquidez suficiente para pagar el impuesto, se puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda, siempre que se cumplan los requisitos legales. Esta posibilidad es distinta de la prórroga del plazo de presentación y puede conllevar el pago de intereses de demora y la exigencia de garantías, según el supuesto.
Se debe tener en cuenta que la obligación de presentar el impuesto existe aunque, después de aplicar los beneficios fiscales correspondientes, no resulte ninguna cantidad a pagar.
El incumplimiento de los plazos de presentación o pago del impuesto puede dar lugar a recargos, intereses de demora y, en su caso, sanciones tributarias.
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Referencias
- Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias
- Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
- Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
- Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos