Cohecho

El cohecho es un delito contra la Administración Pública que consiste en una conducta de corrupción realizada por un funcionario público o un particular y en relación con el cargo público para beneficio propio o de un tercero.

Este acto delictivo cometido con dolo se castiga con el objetivo de proteger el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Se encuentra regulado en los artículos 419 a 427 del Código Penal.

Tipos de cohecho

En función de quien cometa el delito, podemos diferenciar dos tipos de cohecho:

  1. Activo: realizado por un particular que intenta corromper a funcionarios públicos. También conocido como delito de soborno por el que se ofrece o se entrega una retribución de algún tipo.
  2. Pasivo: cometido por funcionarios y autoridades públicas que aceptan y reciben los sobornos de otras personas a cambio de realizar un acto o una omisión en relación con su cargo (que puede ser contrario o no al ordenamiento jurídico).

Por otro lado, se incluye en el artículo 427 del Código Penal español un tipo de cohecho realizado por personas jurídicas que se castiga con multa desde 6 meses hasta 5 años en función de la cantidad de beneficio obtenido.

Penas por el delito de cohecho

Tanto el delito de cohecho pasivo como el activo se castiga con las mismas penas que varían según la relación del acto con el cargo público.

En el supuesto de que el cohecho se cometa mediante un acto contrario al cargo público, se castigará con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 12 años.

Para los actos propios al cargo público que supongan un delito de cohecho, se impondrá prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo de 5 a 9 años.

Para el delito de cohecho cometido por un acto en razón o en consideración del cargo o función pública, la pena aplicable será de prisión de 6 meses a 1 año y la suspensión de empleo público de 1 a 3 años.