El principio de legalidad resalta la soberanía del pueblo y su influencia en cada rama que hace parte del Estado. Este principio es el que da por hecho que el poder que se ejerce desde cada órgano se encuentra alineado con los términos que se establecen dentro de la Constitución Nacional.
La normativa penal tiene que tener en cuenta que ninguna persona puede ser juzgada por leyes que no existan antes de imputar un acto. Esto quiere decir que las normas penales deben ser lo suficientemente claras para que puedan ser aplicadas y si una conducta es punible se demuestre que esto se describe en la ley, así como la pena que se debe dar.
El principio de legalidad debe regir cada una de las etapas procesales para evitar la ilegalidad y que el procedimiento pueda ser anulado. Este principio nace para la protección de los derechos humanos y su no vulneración por parte de los diferentes órganos judiciales.
¿Qué es el principio de legalidad en Colombia?
En Colombia, este principio se fundamenta en la Constitución Política y en el ordenamiento penal que se sirve de lo estipulado en el Código Penal, pero que no puede dejar de lado los derechos que se establecen en la Constitución.
Aquí se vela por los derechos tanto de la víctima, como los del infractor, así como de otros involucrados en el proceso penal. Es por esto que el principio de legalidad se relaciona con la claridad y precisión de las leyes.
El delito debe definirse de manera clara, así como el tipo de pena que se le relaciona, el ente que emite la sentencia y los demás pormenores del procedimiento. De no ser así, podrían verse afectados los derechos fundamentales de los implicados.
En el artículo 29 de la Constitución Política se menciona como derecho fundamental que: “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
El principio de legalidad en lo constitucional y lo penal
En general, los principios funcionan como un tipo de limitaciones para la acción estatal. Esto protege al individuo en diversos momentos y garantiza que se respeten sus derechos y los procesos legales sean transparentes. Dichos límites se relacionan con bienes de tipo jurídico que se quieren proteger, según la prioridad que tengan en la ley penal.
A través de este principio se pueden estructurar las sanciones de origen constitucional y legal que sean requeridas según la situación. El derecho penal debe regirse por lo establecido en la Constitución, nunca puede actuar con reglas que solo le competan a este. Su evolución constante depende de muchos factores, situaciones que se presentan a nivel social y cultural, entre otros.
Con estas herramientas se pretende garantizar procesos igualitarios ante la ley, que no sean dirigidos por intereses particulares que puedan afectar negativamente a la sociedad. La garantía de las libertades y los derechos de los individuos debe primar y estar reglamentada de acuerdo a lo pactado en la Constitución.