Antijuridicidad

La definición de antijuridicidad, según el diccionario panhispánico del español jurídico, es la de una “cualidad contraria a derecho de una conducta y por ello ilícita, por infringir alguna norma jurídica, tanto en su aspecto previo de norma de valoración como en el de norma de determinación, es decir, por ser una conducta jurídicamente desvalorada y prohibida”.

La antijuricidad funciona como un elemento necesario para que exista delito y que pueda tenerse en cuenta en el plano legal. Una conducta antijurídica es ilícita y esto, sumado a la tipicidad de la acción u omisión, permite definirla como una infracción de tipo penal. De esta manera se entiende que se está frente a una situación que requiere tomar medidas de seguridad o aplicar una pena.

Antijuridicidad según la ley colombiana

La antijuricidad se encuentra descrita en el artículo 17 de la Ley 1407 de 2010, así: “Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley penal”.

Según esto, puede entenderse que, en Colombia, la antijuridicidad cuenta con una dualidad entre lo formal y lo material: la acción u omisión debe ser contraria a lo que dicta el derecho y debe poner en peligro o generar lesiones sobre un bien jurídico que esté protegido penalmente.

Dentro de esta misma Ley en el artículo 33 se habla de la ausencia de responsabilidad y se señalan varias situaciones para esto. Entre estas, la número 11 dice lo siguiente:
“se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta”.

La regulación de la antijuridicidad

Este principio no tiene una regulación de manera expresa dentro de la constitución, pero sí se relaciona con la proporcionalidad y la “prohibición de exceso” que puede deducirse de los derechos y deberes que se mencionan en la Constitución de Colombia, la prohibición de la pena de muerte, entre otros.

Teniendo en cuenta esto, para que exista una responsabilidad real por la infracción de alguna de las leyes, en especial de las penales, se requiere verificar que exista un daño en los bienes jurídicos, no es válida sólo la intención. 

Existen algunas situaciones que pueden atenuar la acción u omisión, por ejemplo, la reparación del daño ejercido, también pueden ser atenuantes la adicción a alguna sustancia que propicie comportamientos antijurídicos.

Por otro lado, también existen agravantes del acto o la omisión. Entre los más habituales se tienen que tener en cuenta el reincidir en una misma conducta o el uso de un disfraz cuando se llevaba a cabo dicha acción.

El proceso para determinar una conducta típica como antijurídica inicia cuando no se encuentran causas de justificación a esta. Se toma como ilícita y posteriormente se hace el análisis del delito determinando la gravedad del acto y se verifica si existe alguna circunstancia que pueda servir como atenuante o como agravante de este hecho.