Cláusula

La cláusula es cada una de las disposiciones que integran un contrato o cualquier otro documento jurídico, convencional o unilateral. Nuestro Código Civil determina el principio de autonomía de la voluntad, que permite regular cualquier negocio jurídico conforme a los intereses personales, siempre que no se contravengan las normas imperativas.

Cláusula

Una cláusula es cada una de las disposiciones que integran un contrato o cualquier otro documento jurídico.

Qué es una cláusula

El término cláusula es sinónimo de disposición, término o estipulación. Tal vez estos vocablos permitan una concepción más clara de qué son las cláusulas.

En definitiva, una cláusula no es más que una disposición contenida en un documento privado o público, que resulta jurídicamente exigible.

El artículo 1091 del Código Civil determina que los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes, y que deben cumplirse al tenor de los mismos. Esto significa que cuando dos personas documentan un pacto por medio de un contrato lo hacen obligatorio. Y el clausulado de este contrato es el que determina la forma concreta del cumplimiento de las obligaciones.

Pero una cláusula no solo forma parte de los contratos privados entre particulares. También puede regular:

  1. Contratos privados entre personas jurídicas. Por ejemplo, un contrato de distribución o de arrendamiento.
  2. Acuerdos públicos entre Administraciones Públicas o entre estas y personas privadas. Por ejemplo, cualquier contrato público o concesión.
  3. Tratados internacionales entre Estados u Organizaciones Internacionales. Por ejemplo, los tratados de adhesión a la Unión Europea, así como el TUE o el TFUE.
  4. Documentos unilaterales con efectos jurídicos. Por ejemplo, un testamento o las bases de un concurso.

Contenido de una cláusula

El único límite al contenido de una cláusula son las normas imperativas y prohibitivas. Estas son, principalmente, las de policía y orden público. Así, algunos elementos a los que no puede afectar el clausulado de un contrato son:

  • Determinación del obligado tributario. El sujeto pasivo de un impuesto viene determinado por la ley. Por tanto, una disposición contractual no puede determinar que el obligado al pago de determinados impuestos sea una persona diferente.
  • Reducción de derechos de las personas. Una disposición contractual no puede perjudicar los derechos fundamentales ni las libertades públicas de las personas. Esto es de especial relevancia en el ordenamiento laboral, donde el contrato de trabajo puede incrementar pero nunca reducir los derechos que los convenios y la ley atribuyen al trabajador. Por ejemplo, resultaría nula la cláusula por medio de la cual el trabajador asumiera el pago de sus propias cotizaciones sociales o renunciara a su derecho a huelga o de vacaciones.
  • Liberación de la responsabilidad penal. Una estipulación contractual no puede permitir la comisión de un delito. Así, aunque dos personas pacten quedar liberadas de responsabilidad penal por determinado actos (pensemos en una eutanasia o un aborto, e incluso una mutilación voluntaria) el Código Penal seguiría siendo de aplicación.
  • Quebranto de los derechos legítimos de un heredero forzoso. Las estipulaciones testamentarias que perjudiquen las legítimas pueden conllevar la anulación del testamento.
  • Determinación de la filiación de un menor. Esta cuestión se ha puesto de relieve con la maternidad subrogada, y la posibilidad de hacer efectivo o no un contrato por el cual la madre biológica se compromete a entregar a su hijo a la madre subrogada.

Qué ocurre con las cláusulas ilegales

Como acabamos de ver, pese a la amplia discrecionalidad que otorga nuestro ordenamiento jurídico a la hora de estipular cláusulas para un contrato, existen algunas disposiciones ilegales. En estos casos, el perjudicado podrá anular la cláusula y, en ocasiones, el contrato completo.

Por ejemplo, la práctica bancaria ha introducido en contratos hipotecarios numerosas cláusulas abusivas, conocidas por su elevada litigiosidad: suelo, vencimiento anticipado, multidivisa, IRPH, gastos hipotecarios, entre otras.

Prácticas como las tarjetas revolving y los microcréditos también han rescatado la ley de Azcárate, conduciendo a la anulación por usurarios de numerosos préstamos.

En todos estos casos procederá reclamar la nulidad de la cláusula, que podría afectar o no a la totalidad del contrato. A la hora de resolver esta cuestión cabe señalar que, en principio, rige el principio de conservación del contrato.

Existen normativas sectoriales (por ejemplo, la legislación de defensa de consumidores y usuarios, la mencionada usura…) que pueden determinar diferentes vías y consecuencias para la anulación de una cláusula. Sin embargo, las dos figuras básicas a conocer son la nulidad y la anulabilidad.

La nulidad

La nulidad se caracteriza por proceder ante los incumplimientos más graves del ordenamiento jurídico. En particular:

  • Artículo 6.3 del Código Civil. Cuando la cláusula contravenga legislación imperativa o prohibitiva.
  • Artículo 1261 del Código Civil. Cuando falten elementos esenciales del negocio jurídico, como el consentimiento, objeto o causa.
  • Normativa sectorial. Como ya hemos indicado, existen otros elementos que pueden determinar la nulidad de la cláusula. Por ejemplo, la motivación discriminatoria (ET), el carácter abusivo (LGDCU), la falta de negociación (LCGC), la usura (LRU)... En realidad, todos estos incumplimientos se subsumen en la primera categoría (vulneración del artículo 6.3 CC).

En cualquier caso, la anulación de la cláusula determina que esta jamás haya producido efectos jurídicos. La acción para reclamarla es imprescriptible, y puede ejercitarla cualquier perjudicado.

La anulabilidad

La anulabilidad supone una vulneración menor del ordenamiento jurídico. Se regula en los artículos 1300 y siguientes del Código Civil.

En este caso, la cláusula conlleva un vicio que podría ser subsanado. Por ejemplo, un error en el consentimiento, que puede anular per se el negocio pero también podría ser convalidado, de modo que siga produciendo efectos jurídicos.

Las cláusulas anulables son subsanables. De hecho, existe un plazo de ejercicio de la acción de anulabilidad de 4 años. Transcurridos estos, se confirmarán los efectos de la cláusula, que ya no será atacable.

Solo los obligados por la cláusula anulable pueden ejercitar la acción de anulabilidad, que nunca se iniciará de oficio.

Cláusulas explicadas