Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad es un criterio jurídico que busca equilibrar la intervención del Estado y los derechos fundamentales, asegurando que las medidas adoptadas sean adecuadas, necesarias y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.
Ideas clave
  • El principio de proporcionalidad actúa como un control contra los excesos y abusos de poder, equilibrando los medios empleados con los fines perseguidos.
  • En Chile, aunque el principio de proporcionalidad no está explícitamente en la Constitución, se deduce de artículos que protegen derechos fundamentales, como los Artículos 19 y 20.
  • La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema aplica el principio de proporcionalidad para limitar el poder estatal y proteger los derechos fundamentales.
  • Según el principio de proporcionalidad, las medidas adoptadas deben ser idóneas para lograr el objetivo, estableciendo una relación directa y efectiva con el fin perseguido.
  • El beneficio de la medida debe superar el costo en términos de derechos fundamentales afectados, requiriendo un balance positivo entre el bien buscado y el sacrificio impuesto.
  • En Chile, el principio de proporcionalidad es esencial en el Estado de derecho para asegurar que las acciones del Estado sean justificadas, adecuadas y necesarias.

¿Qué es el principio de proporcionalidad?

El principio de proporcionalidad es un criterio fundamental en el derecho que busca asegurar que cualquier medida tomada por el Estado, especialmente aquellas que restringen derechos fundamentales, sea adecuada, necesaria y estrictamente proporcional en relación con el objetivo que se pretende alcanzar.

Este principio actúa como un mecanismo de control para evitar excesos y abusos de poder, garantizando un equilibrio justo entre los fines perseguidos y los medios empleados.

¿Dónde se regula el principio de proporcionalidad en Chile?

En el ordenamiento jurídico chileno, el principio de proporcionalidad no se encuentra explícitamente mencionado en la Constitución Política de la República de Chile, pero su aplicación se desprende de varios artículos y ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. 

En particular, se puede relacionar con los artículos que garantizan los derechos fundamentales y establecen los límites a las acciones del Estado, como los artículos 19 y 20 de la Constitución, que se refieren a la protección de los derechos esenciales.

Aplicación del principio de proporcionalidad

En el derecho penal

En el ámbito penal, el principio de proporcionalidad es esencial para asegurar que las penas y sanciones sean adecuadas a la gravedad del delito cometido.

La legislación chilena, a través del Código Penal y la Ley N° 18.216 sobre penas alternativas a las privativas de libertad, incorpora este principio al establecer un marco legal que evita penas excesivas y busca una correlación justa entre el delito y la pena.

En el derecho administrativo

En el derecho administrativo, el principio de proporcionalidad regula la actuación de la administración pública, evitando que esta imponga sanciones o medidas que resulten desproporcionadas respecto de la infracción cometida o el objetivo que se busca alcanzar.

Esto se manifiesta en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece principios de eficiencia y eficacia en la actuación administrativa.

En el control judicial

Los tribunales de justicia en Chile, al revisar la constitucionalidad de las leyes o la legalidad de los actos administrativos, aplican el principio de proporcionalidad para evaluar si las medidas impugnadas son adecuadas y necesarias. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha desarrollado una rica jurisprudencia que utiliza este principio para proteger los derechos fundamentales y limitar el poder estatal.

Componentes del principio de proporcionalidad

  1. Adecuación: la medida adoptada debe ser idónea para lograr el objetivo propuesto. Esto implica que la acción debe tener una relación directa y efectiva con el fin perseguido.
  2. Necesidad: no deben existir alternativas menos restrictivas que puedan alcanzar el mismo objetivo. La medida debe ser indispensable, no habiendo otras menos gravosas para los derechos afectados.
  3. Proporcionalidad en sentido estricto: el beneficio obtenido con la medida debe superar el costo en términos de derechos fundamentales afectados. Se requiere un balance positivo entre el bien que se busca y el sacrificio que se impone.

Ejemplos de aplicación del principio de proporcionalidad

Casos en el derecho penal

  • Delitos menores y penas alternativas: la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad, como las medidas reparatorias o el trabajo comunitario, es un claro ejemplo de proporcionalidad. Estas penas buscan ser más adecuadas y menos lesivas que el encarcelamiento, especialmente para delitos menores.
  • Control de la fuerza pública: en situaciones de control del orden público, como manifestaciones o protestas, el uso de la fuerza por parte de la policía debe ser proporcional a la amenaza o desorden que se intenta controlar.

Casos en el derecho administrativo

  • Sanciones a funcionarios públicos: las sanciones impuestas a los funcionarios por faltas administrativas deben ser proporcionales a la gravedad de la falta cometida. Sanciones desmesuradas pueden ser recurridas y anuladas por los tribunales.
  • Regulación económica: en la regulación de actividades económicas, las restricciones impuestas por la administración deben ser proporcionales al interés público que se pretende proteger. Por ejemplo, las licencias y permisos ambientales deben balancear la protección del medio ambiente con la actividad económica de las empresas.

Conclusión

El principio de proporcionalidad es un pilar esencial del Estado de derecho en Chile, actuando como un mecanismo de equilibrio y control frente al ejercicio del poder estatal. Su aplicación garantiza que las intervenciones del Estado en los derechos fundamentales sean siempre justificadas, adecuadas y necesarias, protegiendo así la libertad y dignidad de las personas. La continua labor de los tribunales en aplicar y desarrollar este principio es fundamental para la vigencia de un sistema jurídico justo y equitativo.