Libertad condicional

Cuando hablamos de libertad condicional nos estamos refiriendo a un beneficio al que accede una persona, a quien previamente se ha encontrado culpable en un proceso judicial, se le ha impuesto una pena privativa de libertad y en la ejecución de dicha pena ha reunido los requisitos necesarios para acceder a esa modalidad de ejecución penal, según se encuentra normado en la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.

Libertad condicional

Para acceder a la libertad condicional es necesario haber cumplido una determinada parte de la pena, así como acreditar otras circunstancias tales como el buen comportamiento, los antecedentes o el tipo de delito.

Las penas que se prevén en nuestro ordenamiento jurídico consisten en una reacción coercitiva frente a un hecho antijurídico, es decir, un suceso contrario a lo que el derecho quiere proteger y considera valioso: el bien jurídico protegido.

Cuando a un autor puede hacérsele responsable porque el evento le es reprochable, procede la aplicación de una pena, la cual consiste en un mal con el que amenaza el derecho penal para el caso que se realice una conducta considerada delito. Las penas cumplen una doble función, por un lado ser retributivas de la afectación a los bienes tutelados por el ordenamiento y por otro prevenir en la sociedad la comisión de nuevos delitos. Estas funciones se materializan a través de la privación de bienes de la persona condenada, es un mal que se le infringe a esta.

Las clases de sanciones empleadas en distintas épocas de la historia han ido experimentando una evolución, llegando hoy a ser las penas privativas de libertad la pena principal en la gran mayoría de los sistemas penales, reemplazando otras más severas como la pena de muerte o los tormentos.

Desde mediados del siglo XX incluso se ha puesto en duda la eficacia resocializadora del encierro, puesto claramente de manifiesto en las dificultades de reinserción social de los condenados, lo que ha movilizado la búsqueda de alternativas que contemplan regímenes penitenciarios de carácter progresivo con tendencia a la libertad y ello encuentra regulación en nuestro país en la antes mencionada Ley 24660.

En este marco la libertad condicional consiste en el cese anticipado del encierro de un condenado que ha cumplido una determinada proporción de la pena, siempre que se den ciertos requisitos. El acento suele colocarse en la naturaleza resocializadora de las reglas de conducta que se le imponen durante ese lapso como condición.

Ello se encuentra expresamente regulado en el Código Penal Argentino, en el artículo 13 que prescribe que los condenados a penas perpetuas que hayan cumplido treinta y cinco años de condena, el condenado por más de tres años que haya cumplido dos tercios o el condenado a una pena menor de tres años que haya cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, podrán acceder a la libertad por resolución judicial, previo informe del establecimiento y de peritos que pronostiquen de forma individualizada y favorable su reinserción social.

El artículo citado menciona a su vez las condiciones en las que deberá fundarse y sostenerse la libertad, las cuales consisten en residir en el lugar que determine el auto de soltura, observar reglas que se le impongan, tales como abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes; adoptar oficio, arte o profesión; someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico de acuerdo al consejo de peritos; abstenerse de cometer nuevos delitos y someterse al cuidado de un patronato de liberados, sin perjuicio de otras medidas que el juez pueda disponer. Todas las medidas regirán hasta el vencimiento de las penas correspondientes.

Asimismo el artículo 14 enumera algunos supuestos en los cuales no es posible acceder a la libertad condicional, ya sea que la persona sea reincidente o que se la haya condenado por delitos tales como homicidio agravado previsto en el artículo 80 del Código, delitos contra la integridad sexual, tortura seguida de muerte, financiamiento del terrorismo, entre otros.

Por último, dispone el artículo 15 que será revocado el beneficio si el condenado comete un nuevo delito o viola la obligación de residencia.