En Argentina, la legislación no establece una edad específica en la que un niño pueda unilateralmente decidir no mantener contacto con su padre. La Ley prioriza el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado, considerando su nivel de madurez y capacidad para tomar decisiones.
Los jueces evalúan cuidadosamente estos aspectos en casos de conflicto parental, asegurando que la determinación final se base en el bienestar emocional y psicológico del niño, sin imponer una edad fija para tal decisión.
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