Apremio sobre el patrimonio

El apremio sobre el patrimonio es un medio de ejecución forzosa utilizado por la Administración Pública para liquidar los bienes de la persona que no haya cumplido voluntariamente con la obligación de pago de una deuda (por ejemplo un impuesto).

Se encuentra regulado en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Apremio sobre el patrimonio

El apremio sobre el patrimonio es un medio de ejecución forzosa utilizado por la Administración Pública para obtener el pago de una deuda.

El ordenamiento jurídico otorga a la Administración Pública la autotutela, es decir, no tendrán que acudir a un juicio para defender sus intereses y podrán emplear sus propios de medios de ejecución forzosa.

¿En qué consiste el apremio sobre el patrimonio?

Se trata de un sistema administrativo que no requiere intervención judicial y que admitirá los recursos administrativos comunes.

Para emplear este procedimiento administrativo de apremio se deben cumplir ciertos requisitos en relación con la existencia de una deuda:

  • La deuda tiene que ser líquida o liquidable (que se pueda determinar su cuantía).
  • La deuda debe basarse en una norma legal (principio de legalidad).
  • Previamente, la Administración deberá haber declarado su deuda.

Así, el apremio sobre el patrimonio solo será procedente para los casos de deudas que provengan del ejercicio de potestades públicas y es un procedimiento que puede dar lugar al embargo administrativo.

¿Cómo funciona el procedimiento de apremio sobre el patrimonio?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que existen normas sectoriales y territoriales, por lo que no siempre se aplicará el procedimiento general.

Al iniciar de oficio un procedimiento de apremio por la Administración Pública, la persona obligada a pagar tendrá una última oportunidad de hacerlo voluntariamente. En caso de no aprovechar esta posibilidad, se promoverá un embargo administrativo (enajenar los bienes del deudor para cubrir su obligación de pago).

A partir de ahí, los pasos que seguirá la Administración para el cobro ejecutivo serán los siguientes:

  1. Notificar la resolución de apremio, en la que constará el origen de la deuda y su cuantía.
  2. Si el obligado no abona la deuda ni suspende el procedimiento, la Administración procederá a la ejecución de las garantías, y en caso de no haberlas se procederá directamente contra los bienes y derechos del interesado que sean necesarios para satisfacer la deuda íntegra.
  3. El interesado podrá solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda cuando concurran ciertos requisitos exigidos por ley.
  4. Para ejecutar el patrimonio se podrá recurrir a la subasta pública, al procedimiento del concurso o a la adjudicación directa.

¿Cómo actuar ante un apremio sobre el patrimonio?

A pesar de no haber cumplido con el plazo de pago voluntario, el deudor aún tiene las siguientes opciones:

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