Antecedentes penales

Los antecedentes penales son los datos y registros de las sentencias firmes y de culpabilidad por parte de un juez que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito.

No se deben confundir los antecedentes penales con los antecedentes policiales. Los antecedentes policiales consisten en que la policía recoge ciertos datos personales de individuos que son investigados por infracciones o delitos que todavía no se han puesto a disposición judicial.

Certificado de Antecedentes Penales

Los datos de las condenas penales quedan registrados de manera oficial en el Registro Central de Penados. Toda la información contenida en este registro sobre las condenas de una persona se recoge en el Certificado de Antecedentes Penales, que supone el único documento oficial con este tipo de información.

Es posible que en algunas ocasiones (como el acceso a algunos empleos, para ciertos asuntos de extranjería, en procesos de tutela y adopción de menores, adquirir la nacionalidad u otra serie de derechos) se requiera la presentación de este certificado porque el poseer antecedentes penales podría afectar a alguno de esos procesos.

Solo podrá acceder a este documento la propia persona a quien pertenezca el certificado y lo podrá solicitar de forma presencial, electrónica o por correo postal.

Cancelación de antecedentes penales

Los antecedentes penales poseen una validez determinada (no son vitalicios). Si transcurre un periodo de tiempo y se cumplen una serie de requisitos tras el cumplimiento de la pena estos antecedentes desaparecen, es decir, se cancelan. Las condenas canceladas no aparecerán en el certificado de antecedentes penales.

En función del tipo de pena impuesta y la gravedad del delito, el artículo 136 del Código Penal establece unos plazos para la cancelación de los antecedentes penales, siempre y cuando la persona condenada no cometa otra acción delictiva durante ese tiempo. Los plazos son:

  • De 6 meses para penas leves.
  • Un plazo de 2 años para penas inferiores a 12 meses y para penas por delitos imprudentes.
  • Para otras penas menos graves se establece un periodo de 3 años para penas inferiores a 3 años y un plazo de 5 años para las penas iguales o superiores a 3 años.
  • Por último, se exige un periodo de tiempo de 10 años por penas graves.