Alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes es un delito contra el patrimonio por el cual el deudor oculta o hace desaparecer todos o parte de sus bienes para impedir que el acreedor pueda cobrar su deuda.

Según la RAE el alzamiento de bienes es un “delito que comete quien hace desaparecer u oculta su fortuna para eludir el pago a sus acreedores”.

Se trata de uno de los tipos de insolvencias punibles que existen y que se encuentran regulados en el Capítulo VII del Título XIII del Libro II del Código Penal.

Alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes consiste en que una persona deudora oculta o hace desaparecer su patrimonio para evitar que otra persona cobre la deuda.

Requisitos que debe cumplir un delito de alzamiento de bienes

Existen varios requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para que se pueda considerar delito de alzamiento de bienes:

  • Que exista un derecho previo de crédito a favor del acreedor.
  • Tiene que darse una destrucción o una ocultación de los bienes patrimoniales por parte del deudor que impida la realización del crédito.
  • Que el deudor se encuentre en una situación de insolvencia (ya sea parcial o total, así como real o ficticia) como consecuencia de la destrucción de bienes que ha realizado y que dificulta el cobro a los acreedores.
  • Debe existir una intención de perjudicar al acreedor por parte del deudor. Así, en este delito no es necesario que se produzca un daño mediante el delito sino que basta con la mera intención de perjudicar.

Tipos penales para el delito de alzamiento de bienes

El artículo 257 y siguientes del Código Penal regula el delito de alzamiento de bienes y sus correspondientes penas en función del tipo de alzamiento.

  • El alzamiento de bienes básico, supone penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
  • Alzamiento de bienes agravado, que consiste en que la deuda sea de Derecho Público y el acreedor sea una persona jurídico-pública, se castiga con pena prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.
  • Delito de alzamiento de bienes de tipo especial. Supone una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses, siempre y cuando el deudor intente evitar una ejecución judicial o administrativa mediante la presentación de una relación de bienes o patrimonio incompleta.