Allanamiento de morada

El allanamiento de morada es un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal (CP), consistente en la entrada en domicilio ajeno sin consentimiento de su titular.

Hay que recordar que el artículo 18 de nuestra Constitución determina la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, nadie puede entrar en la morada de otra persona o en el domicilio de una persona jurídica sin su consentimiento o la preceptiva orden judicial.

Allanamiento de morada

El delito de allanamiento de morada consiste en entrar o permanecer en un domicilio o en un local sin consentimiento.

Qué es el allanamiento de morada

El artículo 202 del Código Penal define como allanamiento de morada la entrada en morada ajena o el mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador.

Es decir, existen dos conductas que pueden constituir un delito de allanamiento de morada:

  1. La entrada sin consentimiento.
  2. El mantenimiento en el interior de la morada o domicilio contra la voluntad del titular.

Además, el CP determina una mayor gravedad de la conducta cuando para realizarla se emplea violencia o intimidación.

La protección de la morada

Se entiende por morada el lugar donde la persona reside y, por tanto, desarrolla su vida privada. Aunque este concepto es más práctico que jurídico, el Tribunal Constitucional nos aporta una noción más concreta, al señalar que es aquel espacio en que el individuo queda libre de los usos y convenciones sociales, ejerciendo su libertad más íntima.

La jurisprudencia ha tratado algunos ejemplos límite de lo que se puede considerar una morada, incluyendo:

  • Chabolas ilegales.
  • Casas okupadas.
  • Tiendas de campaña.
  • E incluso un arcón en los barracones del ejército, en el caso de un soldado.

El hecho de que el delito de allanamiento de morada proteja también el domicilio social de las personas jurídicas ha conducido, sin embargo, a que parte de la doctrina considere que lo que está protegiendo no sea tanto la inviolabilidad de la morada cuanto la intimidad del titular.

Sin embargo, el delito de allanamiento de morada es de mera acción. Es decir, no hace falta que el allanador atente contra la intimidad del titular, sino que basta con que haya entrado en el domicilio o que, estando dentro, se niegue a abandonarlo al ser requerido para ello.

Esta consideración conduce a que, atendiendo al bien jurídico protegido, el delito de allanamiento de morada suela concurrir con otros:

  • Delitos de medios. Puede pasar que quien allane una morada lo haga, en realidad, para cometer otro delito. El ordenamiento penal establece diferentes soluciones para estas situaciones. Por ejemplo, imaginemos que un trabajador de una gran compañía aprovecha sus credenciales para acceder por la noche a los archivos de la misma, robarlos, y venderlos posteriormente a la competencia. En este caso estarían concurriendo delitos de robo con fuerza y revelación de secretos, siendo el allanamiento de morada un mero medio para cometerlos.
  • Recordamos en este sentido que el delito de allanamiento de morada es de mera acción. Es decir, se comete por el acceso o permanencia no autorizados. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se oculta bajo un mostrador de unos grandes almacenes para robar en la sección de joyería. Finalmente desiste de su intento (porque se arrepiente) o no cumple su objetivo (por ejemplo, se queda dormida). En cualquier caso, al margen de que pueda apreciarse un delito de robo o hurto en grado de tentativa, se habrá cometido un allanamiento de morada.

En definitiva, el allanamiento de morada debería quedar reservado a los casos en que la única intención del delincuente sea perturbar la intimidad o la inviolabilidad del domicilio de la víctima. Ello sin perjuicio de que participe en un concurso de delitos para determinar la pena.

El requisito de no residencia

Debemos destacar que uno de los requisitos para cometer el allanamiento de morada es no residir en la misma. Es decir, no puede cometer allanamiento de morada el titular del domicilio. Esta particularidad parece autoevidente, pero existen al menos dos supuestos en que puede resultar relevante:

  1. En los casos en que un morador no quiera compartir la morada con otros. Como el domicilio es inviolable, uno de los moradores no puede expulsar del mismo a los demás. Sin embargo, hay situaciones en las que puede ser necesario impedir la entrada de alguien al domicilio. Por ejemplo, en los casos de violencia de género la seguridad de la víctima puede requerir que el acusado o agresor deba mantenerse alejado del domicilio familiar. Para estas situaciones el ordenamiento jurídico establece soluciones particulares, como las órdenes de alejamiento.
  2. En los supuestos en que un morador no quiera que determinada persona acceda al domicilio pero otro sí. Ante estas situaciones, la inviolabilidad del domicilio debe suponer que prevalece el interés del morador que desea mantener al “visitante” fuera del domicilio. Por ejemplo, imaginemos que en un piso compartido por dos personas, una de ellas invita a un pariente a pasar el fin de semana. Transcurrido un mes, el pariente sigue viviendo en el domicilio, y el segundo morador, harto de convivir con él, le requiere para que abandone la casa. Si el pariente se negara a hacerlo, podría concurrir un delito de allanamiento de morada.

Las penas del allanamiento de morada

En los casos en que se produzca un allanamiento de morada, el infractor puede ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Cuando la entrada o mantenimiento en morada ajena se produzca con violencia o intimidación, la pena asciende a:

  • Privación de libertad entre 1 y 4 años.
  • Más multa de 6 a 12 meses.

El artículo 203 del Código Penal regula las particularidades del castigo cuando el domicilio violentado es el de una persona jurídica. En este sentido, computan también los locales abiertos al público, despachos, oficinas y establecimientos mercantiles, fuera del horario de apertura al público.

Las penas reservadas para esta clase de allanamiento son:

  • Prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 10 meses por entrar contra la voluntad del titular.
  • Multa de 1 a 3 meses por mantenerse contra la voluntad del titular.
  • Prisión de 6 meses a 3 años por hacer cualquiera de las conductas anteriores con violencia o intimidación.

Por último, el artículo 204 del Código Penal establece un delito especial, para el caso de que el allanador sea una autoridad o funcionario público. En estos casos, y siempre que no medie habilitación legal (por ejemplo, en caso de autorización judicial o flagrante delito), el funcionario será castigado:

  • Con la pena correspondiente en su mitad superior.
  • Y con inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.