Acusación popular

La acusación popular (también denominada acción popular) es una figura procesal que permite la participación pública en la justicia.

Constituye uno de los modos de personarse en un proceso judicial como acusación (los otras dos formas son la acusación particular y el Ministerio Fiscal). 

El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que la acción penal es pública y que cualquier ciudadano español puede ejercitarla aunque no estén directamente afectados por el delito.

También se regula en el artículo 125 de la Constitución Española (CE).

¿Quién puede ejercer la acusación popular?

Podrán ser sujetos de la acusación popular cualquier persona física y jurídica de forma voluntaria que sean ciudadanos españoles y gocen de plenos derechos civiles.

Un acusador popular no puede haber sido condenado dos veces por sentencia firme por un delito de calumnia. Tampoco podrán serlo los jueces o los magistrados.

Requisitos para la acusación popular

Para personarse como acusador popular se deben cumplir una serie de requisitos:

  • Se debe iniciar antes de la apertura del juicio oral y se tienen que identificar los hechos y al acusado.
  • Solo se puede utilizar para delitos públicos (perseguibles de oficio) para la defensa de la sociedad y de la legalidad, no en delitos privados ni en los procesos penales militares.
  • El acusador debe personarse en la causa mediante la interposición de querella, incluso cuando el procedimiento judicial ya se hubiera iniciado.
  • Tendrá que comparecer mediante procurador y letrado (no es posible nombrarle un abogado de oficio).
  • Prestación de fianza para limitar el acceso al proceso y evitar la utilización fraudulenta o abusiva.