Acción pauliana

La acción pauliana, también conocida como acción revocatoria, consiste en una figura jurídica que les otorga a los acreedores la facultad de solicitar ante un juez la impugnación de los actos jurídicos llevados a adelante por el deudor con el fin de menoscabar su patrimonio, y así evitar el pago de la deuda.

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¿Qué es la acción pauliana?

Se la denomina asimismo acción revocatoria porque tiende a retrotraer la situación en la que se encuentra actualmente un deudor, quien ha enajenado de manera fraudulenta sus bienes para afectar su propio patrimonio y evitar así que el acreedor se cobre la deuda. Por ejemplo, a través de la interposición de medidas cautelares como pueden ser un embargo o una hipoteca, dependiendo del bien del que se trate.

Esta normativa jurídica existe prácticamente desde el nacimiento del Derecho en la época Romana y está vigente hasta la actualidad.

¿Cómo se desarrolla la acción pauliana?

La acción pauliana puede ejemplificarse de la siguiente manera:

  • Un acreedor otorga un préstamo a una persona.
  • Esta persona se transforma en deudor.
  • Este deudor simula una venta a precio vil, una donación, una permuta o cualquier tipo de maniobra para desprenderse de esos bienes y dejar de ser propietario.
  • La titularidad de ese bien pasa a una tercera persona.
  • Cuando el acreedor quiera cobrar la deuda, se encontrará que el deudor no tiene patrimonio disponible para poder ejecutar.
  • En este momento, el acreedor podrá hacer uso de la acción pauliana para que los bienes enajenados vuelvan a la titularidad del deudor y así poder cobrar lo adeudado.

El artículo 1111 del Código Civil, la consagra al señalar que:

Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.

Artículo 1111 del Código Civil

Ante esta situación el acreedor buscará obtener una dispensa judicial interponiendo una acción civil que declare la nulidad de los actos jurídicos llevados adelante por el deudor, manteniendo su acervo patrimonial para que con ello pueda garantizar el pago de las obligaciones contraídas.

Al tratarse de un proceso judicial se deben considerar los plazos de caducidad que operan en este tipo de acciones, por lo que su ejercicio no es ilimitado en el tiempo. En la práctica, debe interponerse la acción antes del año, contando a partir de la fecha en que se firmó el contrato.

Características de la acción revocatoria o pauliana

En cuanto a las características de la acción revocatoria, se establece que es, una acción rescisoria, no indemnizatoria, subsidiaria y de tipo personal.

Rescisoria

Al solicitarla lo que se pretende es que el acto otorgado por el deudor a la tercera persona involucrada sea rescindido. No persigue la ineficacia del acto de enajenación, sino en cuanto sea necesario para resarcirse los acreedores.

Este precepto es regulado en el artículo 1290 del Código Civil, en cuanto dispone que los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley. Puntualmente, el artículo siguiente (1291) en su inciso tercero establece que son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.

No indemnizatoria

No busca compensar al acreedor por el daño causado, sino que la acción pauliana está dirigida a restaurar el patrimonio del deudor y poder así cobrar lo adeudado. Cuando esto no fuera posible, podrá el acreedor optar por una acción indemnizatoria.

Subsidiaria

El acreedor deberá haber agotado todas las vías y acciones posibles para satisfacer el cobro antes de interponer la acción pauliana. Esto significa que, si puede interponer antes una acción subrogatoria, deberá utilizar este mecanismo antes que aquella.

Personal

Los efectos de solicitar esta acción, en caso de prosperar, solo beneficiarán al acreedor interesado. Es decir, que no se produce una reintegración de los bienes afectados al patrimonio del deudor, a favor de todos los acreedores o terceros acreedores.

Sobre este punto se ha expresado el Tribunal Supremo al recordar que: “la acción pauliana es “una acción personal que, con carácter general, posibilita a los acreedores para atacar la eficacia funcional de los actos fraudulentos celebrados por el deudor, en la medida en que dichos actos determinen su incapacidad patrimonial en orden a la satisfacción de los respectivos créditos”.

Este carácter personal de la acción determina por una parte que, en principio, la legitimación para su ejercicio corresponde al acreedor perjudicado, y por otra que la ineficacia del acto impugnado sea relativa y parcial, pues la privación de eficacia del acto impugnado lo es sólo respecto del acreedor que acciona y en la medida estrictamente necesaria para subsanar el perjuicio sufrido” (STS, 1.ª, 28 de noviembre de 1997, 24 de julio de 1998 y 25/2004, de 30 de enero).

¿Cuándo puede interponerse una acción pauliana?

En cuanto a los requisitos para que esta acción prospere, la doctrina se ha puesto de acuerdo en que el interesado deberá probar la coexistencia de estas circunstancias:

  1. Evento Damni o perjuicio del acreedor: el acreedor debe haberse perjudicado por las acciones cometidas por el deudor. Por lo que la existencia del crédito a favor del acreedor debe ser anterior a las maniobras de disposición de bienes del deudor.
  2. Consilium fraudis o intención del deudor de insolventarse: el deudor actúa de mala fe realizando actos o suscribiendo contratos que disminuyen tanto su propio patrimonio que deja al acreedor sin poder cobrar su crédito. Esta maniobra siembre debe ser intencional.
  3. Scientia Fraudis: se trata del conocimiento del tercero del estado de insolvencia llevado adelante por el deudor. Se deberá probar la mala fe del tercero adquirente cuando se trate de contratos onerosos, prendas, hipotecas. En cambio, cuando se trate de enajenaciones a título gratuito no se tiene que probar que existe mala fe por parte del beneficiado.
  4. Existencia de crédito real, comprobable entre las partes (acreedor y deudor fraudulento): el acreedor debe tener un derecho de crédito comprobable.

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